Denuncia que sindicatos y CEA cobraron comisiones del 20% por subcontratar cursos

La patronal CEA y los sindicatos UGT y CCOO cobraron comisiones del 20% por subcontratar a otras entidades los cursos de formación que le eran adjudicados, ya que su elevada cantidad hacía imposible que pudieran cumplir todos ellos. Así lo aseguró ayer Teodoro Montes, el que fuera jefe del departamento de gestión de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, citado como testigo ante la jueza Mercedes Alaya en la investigación que la magistrada realiza sobre los cursos de formación.

La segunda comparecencia de Montes ante la jueza se prolongó ayer durante más de cuatro horas y media, durante las cuales sólo respondió a las preguntas de la magistrada. Aún han de interrogarle la Fiscalía Anticorrupción y las partes, los servicios jurídicos de la Junta y las defensas de los exconsejeros Ángel Ojeda y Antonio Fernández, imputados en la causa, por lo que se prevé que la comparecencia, que se reanudará hoy, continúe hasta el jueves. Si bien esta adjudicación indirecta de los cursos está contemplada por la ley, fuentes del caso dijeron que Montes había afirmado que por las características del procedimiento en el que incurrían patronal y sindicatos, «sobre todo la CEA» recalcó, se trata de comisiones ilegales, sin facturas y previas a la concesión de los cursos. Aseguró que el cobro de estas «mordidas» le consta porque las propias concesionarias se lo contaron. Según fuentes del caso la tesis habría sido compartida por la acusación.

Con todo, Montes aún realizó más duras acusaciones ante su comparecencia ante la jueza. El funcionario aseguró que existían graves anomalías, incluso habló de maltrato «físico y psicológico» en los cursos que se impartían a discapacitados. Indicó que una de estas concesionarias impartía clases en el mes de julio, en Sevilla y a 50 grados de temperatura, en aulas sin aire acondicionado y con grandes cristaleras, con el consiguiente riesgo para la salud de estos alumnos.

Tranquilizantes por calor

Incluso dijo ante la jueza que a los jóvenes se le suministraba tranquilizantes. Cuando Teodoro Montes acudió a comprobar el desarrollo del curso, dijo que se encontró a los alumnos discapacitados «dormidos», de lo que deduce que los monitores les habían dado sedantes «para evitar que se alteraran o se sublevaran». Por ello, aseguró, en su calidad de supervisor anuló el curso. No denunció ante ninguna instancia.

El funcionario, jefe de servicio en la delegación provincial, apuntó a la asociación Faisem, que anoche anunció una querella criminal en su contra. Según afirmó Faisem, el curso se impartía a enfermos mentales, de los que se ocupa la asociación, y no habían sido sedados por los monitores, sino que siguen tratamiento médico para sus trastornos, desde esquizofrenia a ansiedad

Por otro lado, Teodoro Montes afirmó ante la jueza que otros alumnos discapacitados de un curso de limpieza fueron utilizados por la empresa que impartía la formación como mano de obra barata, incluso gratuita, en trabajos que tenían contratados de limpieza de oficinas.

El testigo se quejó ante la jueza de que había leído en la Prensa sus declaraciones judiciales «casi textuales», por lo que preguntó si estaban siendo grabadas. Alaya lo negó y defendió que los letrados personados en la causa, en uso de su libertad de actuación, informaran a los medios.

Testigo controvertido

No obstante, las declaraciones de Montes suscitaron dudas en fuentes del caso por las cifras facilitadas, pues habló de que sólo en la provincia de Sevilla se habrían adjudicado cada año entre 3.000 y 3.500 cursos y de 20.000 a 25.000 en toda Andalucía. Resaltaron también que Montes mezclaba hechos con opiniones, con frecuentes alusiones a la «Andalucía subsidiada». Teodoro Montes, que se jubiló en febrero pasado, ha vuelvo a solicitar su ingreso por cinco años más a su puesto. En la delegación provincial de Empleo sevillana se le tenía por una persona conflictiva.

Según fuentes jurídicas el funcionario denunció por 'mobbing' a la Junta en 2009 y ganó en apelación ante el TSJA. De nuevo presentó demanda contra la administración autonómica en 2012, pero esta vez perdió y fue condenado a pagar las costas. Al día siguiente se fue a la Guardia Civil a prestar declaración sobre las presuntas irregularidades en los cursos de formación, informa Cecilia Cuerdo.

Montes, que ya testificó ante Alaya el pasado jueves durante cinco horas, manifestó también su queja por la escasez de medios y dijo que él solo tuvo que hacer frente a la gran afluencia de trabajo de los cursos.

Un portavoz de la Consejería de Economía explicó que al aprobarse en 2012 el decreto por el que se traspasaban las competencias de formación de Empleo a Educación fue necesario una época de ajuste para adaptar los diversos reglamentos, un «proceso largo y complejo» al que atribuye a la denuncia del funcionario.

Por su parte fuentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía negaron ayer tarde las acusaciones de comisiones y aclararon de paso que nunca han dado formación a discapacitados.