Europa denuncia deficiencias de la cooperación española contra el crimen internacional

Voluntarismo y poco más. El informe del Consejo de la Unión Europea sobre el funcionamiento en España de Eurojust, la oficina transnacional de cooperación en la lucha contra el crimen internacional, es muy duro. Bruselas habla de descoordinación entre las propias instituciones españolas; de infrautilización de los recursos; de la falta de preparación lingüística de jueces, fiscales y policías; de la pérdida de comisiones rogatorias; o del retraso del Gobierno en poner en marcha los cambios legislativos prometidos. El Consejo solo salva a la Audiencia Nacional y a las investigaciones sobre terrorismo.

El vasto informe, de 108 páginas y desclasificado el pasado jueves, es tajante: la ayuda judicial y policial internacional que brinda España a sus socios depende, en buena medida, de la implicación «personal» de algunos funcionarios, no del esfuerzo del Estado o las instituciones. «La cooperación con Eurojust parece funcionar en la práctica gracias a las redes personales y a la implicación de los interesados», apunta el dosier. La Unión Europea se queja abiertamente de que el «carácter diversificado del ordenamiento jurídico español» y «la falta de poderes reales» de la oficina de Eurojust en Madrid, que debe coordinar el intercambio de información, hace que la «cooperación» policial y judicial entre España y el resto de Europa «siga pareciendo vulnerable».

Si algo funciona, explica Bruselas, es por la voluntariedad de un puñado de agentes y jueces. «La Oficina española es muy profesional a pesar de lo limitado de los recursos y de la enorme carga de trabajo», sobre todo porque España recibe muchas comisiones rogatorias. Así, denuncia el informe, el trabajo de Eurojust en España básicamente es triste: «La recuperación de comisiones rogatorias no ejecutadas a falta de un sistema de registro central/único de todas las comisiones rogatorias entrantes».

Muchas peticiones de ayuda desde el extranjero en comparación con el poco uso que los jueces, fiscales y policías españoles hacen de sus colegas. «Existe un motivo de preocupación en la marcada discrepancia registrada entre el número de solicitudes recibidas (+/-230) y enviadas (+/-50) que anualmente trata la oficina española en Eurojust», afirma el informe, que no se explica cómo, al margen de la Audiencia Nacional, los tribunales españoles no hacen uso de esta herramienta básica en la persecución del crimen internacional.

Descoordinación internacional porque España traspapela comisiones rogatorias, pero también descontrol interno porque «hasta la fecha, el sistema de coordinación nacional de Eurojust no está implantado» y, por ende, las redes de jueces, fiscales y secretarios judiciales que se relacionan con Europa van por libre. «No hay comunicación entre las tres redes» y ello -escribe la Comisión- es un «obstáculo» para que España persiga en el extranjero a sus criminales o viceversa.

Incomunicación

El tema de la falta de coordinación es recurrente. «Durante las entrevistas (que realizó la Comisión en España) ha quedado claro que (los agentes españoles que podrían valerse de Eurojust) operan principalmente por separado y que no existe una coordinación interna estructurada y continuada entre ellos».

Pero las críticas desde la Unión Europea van más allá. También lamenta el poco interés que parecen tener jueces, fiscales y policías en colaborar abiertamente con sus homólogos del Viejo Continente. «La experiencia en España con los equipos conjuntos de investigación parece limitada, relacionada principalmente con asuntos ante la Audiencia Nacional». Poco o nada de cooperación internacional con los juzgados de instrucción, audiencias provinciales y otros tribunales. España -denuncia el informe- solo parece dar y pedir ayuda de manera fluida cuando se trata de terrorismo. «Es digno de mención el activo y preciso intercambio de información con Eurojust en materia de terrorismo», insiste el documento que ahora ha visto la luz.

Bruselas cree que parte de la falta de interés y colaboración de muchos de los funcionarios españoles por la colaboración internacional es por su escasa preparación en el tema de los idiomas. Eurojust, explica el informe, tiene como principal «valor añadido» el de «facilitar la comunicación directa entre autoridades», lo cual «representa un reto para las autoridades judiciales españolas, por razón de unas barreras lingüísticas muy acusadas en ese país».

Y a ello se une el problema de la falta de efectivos y la sobrecarga de trabajo en juzgados y comisarías. «Las autoridades españolas ofrecen formación continua sobre cooperación en materia penal, y esta es de alta calidad», admite la UE. «No obstante, los profesionales no recurren mucho a ella, presumiblemente debido a su carga de trabajo y a que la formación tiene en general carácter optativo». La comisión concluye su duro informe con la «impresión» de que España no está aprovechando ni mucho menos los canales de colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado internacional que brinda la Unión Europea, salvo casos puntuales.