CÁDIZ

Buzos profesionales estudian demandar a Fomento por no actuar contra la siniestralidad

La asociación nacional asegura que la Administración incurre en dejación de funciones por no regular una actividad con muchos accidentes

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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La Asociación Nacional de Empresas de Buceo Profesional (Anebp), con sede en la provincia, anuncia que en caso de que el Ministerio de Fomento no les convoque con carácter urgente para actualizar y mejorar la normativa que regula la actividad, presentará una demanda contra la Administración por «dejación de funciones», sobre todo teniendo en cuenta que «no hay ningún sector en España que tenga una siniestralidad tan alarmante».

Así lo ha explicado a Europa Press el secretario general de Anebp, Daniel Macpherson, que explica que en esta acción van de la mano la patronal, los sindicatos y los trabajadores. Resalta que es el propio sector el que desde 2008 está solicitando «sin éxito» a la Administración «un endurecimiento de la normativa», al entender que redundaría en una disminución considerable de los riesgos de la profesión.

Según los datos de este colectivo, sólo en julio se produjeron tres accidentes laborales mortales en Canarias y en Motril (Granada) y hay «un cuarto en investigación», lo que consideran que es motivo «más que suficiente» para que Fomento hubiese atendido a su petición de una reunión «formal».

Explica que la normativa que regula el buceo profesional data de 1997 y «nació obsoleta». Por ello, lo que patronal y sindicatos vienen reclamando desde hace años es que se modifique y se actualice para que tenga más proyección a nivel europeo.

Cuatro reuniones en seis años

Señala que en 2008 mantuvieron la primera reunión con Fomento en la que «se supone» que se constituyó una mesa de trabajo para emitir las nuevas normas de seguridad, pero quedó «en agua de borraja». El objetivo era que participaran en esta tarea «todos los organismos que tienen que velar por su cumplimiento», como son el Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante, la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil.

En este sentido, explica que es el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) el que verdaderamente tiene competencias cuando se produce un accidente, ya que es «el único» cuerpo de seguridad con capacidad y medios para poder inspeccionar su medio de trabajo, que es el mar.

Desde 2008 ha habido cuatro reuniones, la última en junio de este año, que fue «una réplica de la del año anterior» y a la que «no dieron carácter oficial» por parte de la Administración. Por ello, el sector ha presentado una propuesta de normas de seguridad basadas en los estándares europeos, a las que «ni siquiera han contestado».

Propuestas

Así, plantean la prohibición del buceo autónomo por ser «el menos seguro», ya que es con botella y sin suministro en superficie. Explican que esta petición «no es por capricho», ya que «sólo en julio ha habido tres accidentes mortales con este tipo de equipos».

Por otra parte, proponen «depurar el aparato administrativo». Sostienen que «la normativa atribuye a las comunidades autónomas unas obligaciones «para las que no tienen competencias». Además, según los cálculos de la patronal, las empresas «pierden aproximadamente un mes de trabajo al año» con cuestiones administrativas. Algo que tildan de «sorprendente cuando se habla de ventanilla única o de abrir una empresa en un día».

Las propuestas también hacen referencia al uso de embarcaciones o de la cámara hiperbárica, que la normativa actual «recomienda» y que ellos entienden que debe ser «obligatoria» en determinadas circunstancias.

Sostiene la Anebp que la siniestralidad en el sector es «alarmante» y «supera a la de cualquier otra actividad en España», si bien queda «totalmente difusa» debido, entre otras cuestiones, a que aún no se reconoce a los buzos profesionales como trabajadores del mar, una reivindicación «histórica» del colectivo. Según los datos que manejan, hay «miles» de buzos titulados, pero en activo y con un trabajo «relativamente constante» hay «unos 200». La cifra se eleva a «entre 900 y 1.000 en los picos de máxima actividad en España».

Un estudio calcula que entre 1988 y 2012 hubo 66 accidentes en el ámbito del buceo profesional, de los cuales fueron mortales un 48,5 por ciento.