ESPAÑA

Impostores de la Memoria Histórica

Pagaron hasta 5.000 euros en Colombia para conseguir papeles de muertos españoles a los que presentaban como sus ancestros El Gobierno quita la nacionalidad a 242 personas que se habían hecho pasar por familiares de exiliados

MADRID. Actualizado: Guardar
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La picaresca para obtener papeles no parece tener límite. Inventarse padres y abuelos perseguidos del franquismo fue la fórmula escogida para conseguir la nacionalidad española a través la Ley de la Memoria Histórica por 242 personas de origen colombiano. La norma reconoce desde 2007 el derecho de los descendientes de los exiliados a recuperar la ciudadanía de sus ancestros.

El Gobierno ha retirado la nacionalidad a esas 242 personas, todas de origen colombiano, después de que la Policía Nacional descubriera que habían pagado unos 5.000 euros a una red para hacerse con falsos papeles para probar sus vínculos con España y conseguir luego, a su vez, la reagrupación de sus familiares, de acuerdo con la Ley 52/2007, aprobada por el Ejecutivo socialista.

La impostura de este primer fraude masivo a la Ley de Memoria Histórica no se frenaba ante nada. La red conseguía papeles de muertos de nacionalidad española para que luego sus clientes los reclamaran como progenitores. Inventaban falsos matrimonios. Incluso llegaron al punto de sostener que uno de los fallecidos, cuyas actas de nacimiento utilizaban, era un polígamo desenfrenado que tenía una prole repartida por toda Colombia.

Las investigaciones comenzaron a principios de 2012, cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería de Alicante sospecharon de algunos ciudadanos de origen colombiano que, al parecer, estarían utilizando partidas literales de nacimiento de españoles ya fallecidos para hacerse pasar por familiares de éstos cuando era evidente que no conocían nada o casi nada del difunto.

Los investigadores enseguida contactaron con los consulados de España en Cartagena de Indias y Bogotá, donde se habían presentado estas partidas de nacimiento, y con la Consejería de Interior de España en Colombia.

Fue así cómo los agentes reconstruyeron el laborioso engaño para hacerse pasar, la mayoría, por descendientes de exiliados de la Guerra Civil o perseguidos del franquismo. El ardid surgía en diferentes registros civiles españoles donde la red conseguía certificados literales de nacimiento de ciudadanos españoles que emigraron hace años a Colombia y, sobre todo, que ya estuvieran fallecidos para no poder desmentir su falsas paternidades.

Con esos documentos originales, la farsa seguía al otro lado del Atlántico. Una vez que los impostores tenían los certificados de nacimiento, conseguían documentos colombianos originales -cédulas de identidad, partidas de nacimiento y partidas de bautismo- en los que inscribían datos de filiación falsos que acreditaran el vínculo familiar entre el ciudadano español fallecido y el colombiano.

Legales

No era fácil identificar el engaño. Los documentos colombianos usados por la red eran totalmente legales. La falsedad consistía en inscribir al soporte original filiaciones falsas de los ciudadanos a nacionalizar.

Conseguidos los documentos colombianos, el resto era fácil. Bastaba inscribir a los impostores en el registro civil del consulado español de Cartagena de Indias y, a partir de ahí, reclamar la recuperación de la nacionalidad, bien a través de los cauces abiertos por el Código Civil o directamente por la Ley de Memoria Histórica. Pero el engaño no acababa ahí. Tras hacerse con el pasaporte español y establecerse en España, los falsos nacionales reclamaban la reagrupación de otros ciudadanos colombianos, en calidad de familiares de ciudadanos comunitarios.

En algunos casos la situación era realmente llamativa, numeración idéntica en diferentes certificados, diferentes fechas de defunción para una misma persona o un hombre que, según los papeles, había tenido veinte hijos con nueve mujeres diferentes.

Comprobada la existencia de múltiples irregularidades, la Policía Nacional judicializó el asunto en la Audiencia Nacional. El magistrados Eloy Velasco remitió una comisión rogatoria a Colombia pidiendo la comprobación de un total de 357 expedientes. En 242 de esos casos, según los técnicos del Ministerio del Interior, se había usado documentación fraudulenta, aunque no descartan que se puedan localizar alguno más.