El Consistorio llevará al Constitucional los incumplimientos de la Junta en empleo

La paciencia tiene un límite y al Ayuntamiento de Cádiz le ha durado tres años. Ese es el tiempo que, según volvió a denunciar el equipo de Gobierno, la Junta lleva esquivando sus obligaciones con la ciudad en lo que a la aplicación de las políticas activas de empleo se refiere.

Para sustanciar su postura, el teniente de alcaldesa de Fomento, Bruno García, quiso ayer poner sobre la mesa tres cifras. La primera se refiere a las 450 personas de Cádiz que durante los años 2012, 2013 y 2014 se han visto privadas de ganar un sueldo y formarse en las escuelas taller y talleres de empleo que la Junta no ha aprobado para la ciudad. En el caso de 2012 directamente anuló la convocatoria, mientras que en los dos años siguientes no se ha recibido aún la respuesta. Ahora se acaban de poner en marcha las correspondientes a 2011.

La segunda cifra es la de los 880 millones de euros que según la Oficina de Control del Parlamento de Andalucía no se han ejecutado en las Consejerías de Fomento y Empleo en los últimos años.

Y la tercera sería, según dijo García, «los 400 millones de euros que ha enviado a la Junta el Gobierno de la nación en los dos últimos años para que se pongan en marcha las políticas activas de empleo. Pero ese dinero no ha llegado», dijo.

También en esa línea, el equipo de Gobierno volvió a denunciar que, aunque «la Junta de Andalucía ha recibido de cinco maneras distintas la propuesta de un pacto por el empleo con el Ayuntamiento de Cádiz, no ha dado respuesta alguna». El concejal recordó que se trataba de una propuesta que partía de un Pleno extraordinario celebrado en diciembre de 2013, a petición del PSOE, y que incluía un compromiso de cofinanciación, poniendo el Ayuntamiento sobre la mesa el 30% de la inversión necesaria para llevarlo a cabo, «aunque el Estatuto de Autonomía dice que la competencia ejecutiva en empleo es de la Junta de Andalucía».

Teófila Martínez denunció que «llevan tres años sin políticas activas de empleo y lo que queremos es que nos digan dónde está el dinero». Martínez echó en cara también a la oposición que «la presidenta de la Junta de Andalucía todavía no ha tenido tiempo de venir a hablar con esta alcaldesa de los problemas de la ciudad». Por todo ello, anunció que va a presentar de manera formal una queja ante el Tribunal Constitucional por el tratamiento que se le da desde la Junta a las iniciativas de empleo.

Mientras que tanto Izquierda Unida como PSOE pidieron que no se haga del empleo un arma arrojadiza para fines partidistas, la alcaldesa pidió que «rememos todos en la misma dirección». Aseguró que en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 se confirmará la apuesta del Gobierno por la ampliación de la Zona Franca de Cádiz, después de que el concejal de IU Fernando Vivas le echase en cara la falta de cumplimiento del compromiso presupuestario del ministro Montoro a ese respecto. En contraposición, Martínez habló de los cursos de formación que recibieron durante cinco años los extrabajadores de Delphi, «que han estado pagando y no les han servido ni para tener un título, cuando dio tiempo a que hicieran una carrera».

Censo de infravivienda

Otro tema recurrente que volvió a aparecer en el Pleno de ayer fue el de la vivienda. El equipo de Gobierno presentó una propuesta reiterando a la Junta de Andalucía que acelere la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Cádiz para poder desarrollar el Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas (2013-2016).

La concejala del PSOE Aurelia Morales acusó al Gobierno central de ser el culpable del retraso en la aplicación de este plan por haber tardado 9 meses en firmarlo. Por su parte, el concejal de IU Sebastián Terrada pidió colaboración al Ayuntamiento para retomar la rehabilitación del casco histórico, por lo que le reclamó para el uso de la Consejería de Fomento y Vivienda -dirigida por su partido- un «censo de la infravivienda» en la ciudad. La respuesta del equipo de Gobierno en este sentido fue contundente. Ignacio Romaní le contestó que «si no tienen el censo de infravivienda actualizado, ¿qué han estado haciendo en los últimos años?». El edil popular recordó que la Junta asumió en exclusiva las competencias en materia de rehabilitación en 1999, cuando creó la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico «para pagar a los funcionarios y poquito más».

Teófila Martínez explicó que fue en ese año 1999 cuando se le entregó a la Junta de Andalucía el listado de infraviviendas en el que figuraban 362 fincas, además de las 13 fincas (alrededor de 92 viviendas) que el Ayuntamiento había eliminado entre 1997 y 1999. Por tanto, dijo Martínez que «la Oficina de Rehabilitación es la única que puede saber cuántas infraviviendas hay, porque al arreglar alguna la habrá borrado de la lista».

La alcaldesa se quejó también de que la Junta tiene en estos momentos 23 licencias de obras caducadas para realizar actuaciones de esta naturaleza. Por ello, desde el equipo de Gobierno se optó por instar a la Junta a que se acelere la firma del convenio, para saber cuanto antes cuanto dinero corresponderá a la ciudad de Cádiz de la aportación que llega a Andalucía del Plan de Vivienda para toda España que ha puesto en marcha el Ejecutivo de la nación. En ese sentido todos los partidos se pusieron de acuerdo, pero no así para solicitar que parte de esta inversión se emplee para poner en marcha la segunda fase de Matadero.