La Junta modifica la legislación a toda prisa para evitar nuevos «excesos»

El presunto fraude millonario en los cursos de formación a parados, que tiene a cientos de sus posibles afectados en la provincia de Cádiz, que tuvo su origen procesal en un juzgado de Algeciras y que mantiene acusado de cuatro delitos al exconsejero de Hacienda y socialista jerezano Ángel Ojeda Avilés se ha convertido en uno de los mayores escollos del Ejecutivo de Susana Díaz. Tan es así, que afrontar este escándalo ha sido la primera tarea de la primera reunión tras volver de vacaciones. El Gobierno andaluz empleó ayer su primer encuentro oficial para aprobar una nueva Ley que trate de poner freno a los «excesos» que han provocado los cursos de formación. Esta modificación legal también incluye una reforma de la agencia IDEA, de la que partieron las famosas transferencias de financiación de los ERE fraudulentos.

En una comparecencia pública ofrecida en la mañana de ayer martes, el titular de Educación, Luciano Alonso, explicó el contenido de la nueva Ley de Formación Profesional, cuyo objetivo, según recalca, es la cualificación profesional de la población activa de Andalucía, aunque también adaptarse a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas sobre la irregularidades que se han producido en estos cursos y que han provocado varias investigaciones judiciales como los casos 'Edu' y 'Óscar'.

Sólo un día después de que la Junta de Andalucía hiciera público el listado de entidades que fueron exoneradas de justificar documentalmente la adjudicación de cursos en el año 2011, el Ejecutivo ha garantizado que la nueva Ley prohibirá nuevas exoneraciones. «No vamos a exonerar ni a exceptuar a nadie», ha dicho Luciano Alonso insistiendo en que desde que llegó Susana Díaz a la Presidencia de la Junta dio esa orden expresa.

Entre los controles que incluye la nueva norma, el Gobierno asegura que no se permitirá que hagan cursos de formación empresas que no estén dentro de la red de centros públicos que va a crearse expresamente para ello. En este sentido ha recalcado que estas entidades en ningún momento podrán desarrollar su labor a través de subvenciones y que todo centro que deje de funcionar durante un año no podrá recibir ayudas públicas. Sin embargo, ni el consejero ni el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, han facilitado el dato del total de empresas que se han beneficiado de esta exoneración de la que ya alertó la Cámara de Cuentas y que, según los datos que se conocen, superan los 2.000. Lo que si ha confirmado el Gobierno autonómico es que la Junta ya está verificando los expedientes de las subvenciones para cursos de formación, concretamente desde el año 2007 hasta 2013.

Pero el Consejo de Gobierno también ha aprobado la modificación de los estatutos de la Agencia IDEA, (de la que partieron las transferencias de financiación) para incrementar los mecanismos de control, aunque Vázquez lo ha desvinculado del caso de los ERE fraudulentos y lo ha enmarcado en la necesidad de una mayor transparencia. «No queremos que vuelvan a repetirse situaciones del pasado», afirmó.

«No queremos que

vuelvan a repetirse

situaciones del pasado»

«No vamos a exonerar a nadie. No habrá ninguna excepción» en el control

Según Alonso, dio la

orden directa de que no haya exoneraciones a

ninguna empresa o institución