La dependencia carga sobre las familias

Armados de paciencia sobrellevan los beneficiarios de la Ley de Dependencia los constantes retrasos en el pago de las ayudas pendientes, una cuantía con la que seguir sufragando los gastos de sus cuidados que recaen mayoritariamente sobre las familias. El problema no es nuevo, desde hace más de dos años las demoras han sido una constante. No fue hasta el pasado noviembre cuando la Junta les abonó lo que les debía de 2012 y para ello tuvo que recurrir a un plan de pago a proveedores. Con él abonó una pequeña parte de lo tenía pendiente de la retroactividad; es decir, de ese tiempo entre que la situación de dependencia fue reconocida y se comenzaron a cobrar las ayudas. Esa deuda, que se va ingresando por plazos cada año, oscila entre los 3.000 y 10.000 euros aproximadamente y hay obligación de pago hasta 2015.

La lucha ahora es por lo correspondiente a 2013, que debían haber recibido en marzo, pero de lo que no se ingresó un sólo euro y ya no quedan planes de pago a proveedores a los que recurrir. Tras varias reclamaciones y la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, los afectados lograron arrancar el compromiso de que fuera abonado en el primer semestre, pero también se agotó ese plazo y se ha planteado ahora hacerlo entre julio y agosto.

Fueron varios los cuidadores que se pusieron en contacto con este medio para explicar su situación y denunciar la constante demora que asfixia a la economía familiar. En este tira y afloja se encuentran 24.500 familias de toda Andalucía, de los que alrededor de dos millares residen en la provincia, según calcula el colectivo que los representa, organizado a través de las redes sociales.

Rosa Guijo es la que ejerce como portavoz para todo el ámbito regional y lamenta que «se esté enterrando poco a poco una ley que costó tanto sacar adelante» y de la que la Junta aún sigue haciendo bandera. Según explica, «se retrasan los pagos cuando el año pasado recibieron mucho dinero para ello. Ahora nos dicen que no queda y nos hacen esperar».

Guijo señala que los afectados que están en contacto a través de las redes sociales tienen dificultades para asumir el coste de los cuidados de sus dependientes, «unos son padres de niños con problemas, como es mi caso, otros tienen a su cargo a padres o madres y necesitan ese dinero para seguir atendiéndolos». La portavoz del colectivo criticó también la dureza con la que se hacen las nuevas evaluaciones, donde «se están dado casos sangrantes de personas a las que se les rebaja el grado para reducir las ayudas».

Pilar Gómez: Haciendo milagros

Ella es una de las cuidadoras afectadas de la provincia. Es madre de un niño de diez años con retraso cognitivo y tiene pendiente el ingreso de lo correspondiente a 2013 de la retroactividad. «Con ese dinero íbamos a pagar los traslados al hospital de Málaga y a Cádiz para citas médicas que tenemos pendientes, pero algunas las hemos retrasado porque ahora no podemos», asegura. Desde los 17 años su pequeño recibe rehabilitación y ahora necesita atención de fisioterapia, logopedia y refuerzo escolar. «Por suerte aquí contamos con una asociación que ofrece esos servicios a un precio que podemos asumir, pero eso se une a muchos otros gastos y hay meses que no llegamos», confiesa.

Con su marido en paro, su sueldo no da para más y tiene también a su cargo a otro hijo que nació con el mismo problema, pero de carácter más leve. Pilar asegura que con él ni siquiera han intentado solicitar las ayudas de la Dependencia, «¿para qué tal como están las cosas?», lamenta.

Su deuda supera de largo los 5.000 euros y espera que «por una vez se cumpla la palabra y lo abonen en agosto como han prometido».

Fuentes de la Consejería de Salud y Bienestar Social admiten que se han producido retrasos, pero que ya hay orden de pago para este mes de agosto. Aseguran que se ha pagado a la mitad de los beneficiarios y ahora queda la otra. Las fuentes consultadas aclaran que están al día con las ayudas mensuales y recalcan que la situación presupuestaria de la Dependencia es dura tras los recortes aplicados por el Gobierno central, pero que se trabaja para mantener los recursos y seguir prestando la asistencia.