Las fosas sépticas ponen en jaque a los ayuntamientos

No ha sido un problema prioritario para las administraciones en los últimos años. Pero está comenzando a ser un quebradero de cabeza y una cuestión de salud de primer orden en muchos puntos de la provincia.

La proliferación de viviendas ilegales, en la última década, en el litoral e interior gaditano, caso de localidades como Chiclana, Conil, El Puerto de Santa María, las pedanías de Barbate y Vejer, Caños de Meca, El Palmar o Zahor o poblaciones de la sierra como Arcos, ha hecho saltar la voz de alarma.

Las cifras asustan. Según los ecologistas, las fosas sépticas o pozos negros incontrolados, vinculados a esas construcciones levantadas sin ningún tipo de control ni permisos, podrían alcanzar los 35.000.

En una inmensa mayoría, son los propietarios de estas edificaciones los que, siguiendo la tradición de la autoconstrucción, han elegido el material y el tamaño de la misma, sin tener en cuenta criterio técnico alguno «más allá de la recomendación del vecino de turno o de su propia experiencia».

La situación es invisible, pero podría acarrear consecuencias impredecibles a medio y largo plazo.

Jesús Martínez Linares, fundador de la asociación cívica ambientalista Sustenta, lo tiene claro. «Durante años la ciudadanía no ha prestado atención a los vertidos de nitratos; y las autoridades tampoco». Martínez recuerda incluso un informe oficial que hace unos años encargó el Ayuntamiento de Chiclana para realizar un diagnóstico ambiental de sus principales problemas, en el que curiosamente «el impacto medioambiental de las casas ilegales sencillamente no estaba».

Pero la contaminación de los acuíferos y el subsuelo es real, difícil de cuantificar, pero existe y en la actualidad se ve agravada por el aumento de la presión poblacional y la falta de infraestructuras o la mediocridad de éstas. Es el caso por ejemplo de la depuración de aguas de la costa. Barbate ha hecho esfuerzos por mejorar, pero los vecinos de Zahora o Caños de Meca, por ejemplo, continúan quejándose de que las aguas de fosas sépticas «acaban en el mar o en el terreno, en el mejor de los casos».

Las filtraciones al subsuelo son habituales. Y también lo es la picaresca, que lleva a muchos propietarios a querer ahorrarse el coste del servicio para su limpieza y vaciado. «Yo mismo hace pocos días vi varios camiones vaciando sus tanques en una zona rural de Conil, sin control alguno», lamenta Martínez.

Delitos contra el medio

La retirada y gestión de lodos y aguas residuales está regulada por el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, dentro del Reglamento de Residuos de Andalucía. Las empresas que ejercen esta actividad deben remitir un informe anual sobre la retirada de los residuos. Y los propietarios vaciar de forma periódica la instalación.

Hace sólo unos meses, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil imputó en Algeciras a una persona como autora de un delito contra el medio ambiente, tras descubrirse que se dedicaba a la recogida y gestión de aguas residuales y lodos de fosas sépticas sin cumplir con la normativa.

El imputado, tras cobrar el servicio a los locales comerciales y particulares del entorno, usaba un camión cisterna para retirar los residuos de sus clientes, pero los depositaba sin control en la red de alcantarillado o directamente en descampados.