La Fiscalía descarta acusar a los cargos políticos por la tragedia del Madrid Arena

La Fiscalía del 'caso Madrid Arena' presentó ayer un escrito en el que solicitó la apertura de la vista oral al juez instructor, Eduardo López-Palop, por la avalancha que costó la vida a cinco jóvenes la noche de Halloween de 2012. El Ministerio Público considera agotada la instrucción y observa hechos punibles en 14 de los 24 imputados. Pide exonerar a los otros 10 al no apreciar en su actuación indicios suficientes de conducta criminal. Entre ellos se encuentran los cargos políticos del Ayuntamiento de Madrid imputados por su posible responsabilidad en la tragedia, el concejal de Seguridad, Antonio de Guindos, y la de Emergencias, Fátima Núñez. El fiscal pide también librar de sentarse en el banquillo al inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, bajo el alegato de que su unidad «estaba encargada de la seguridad en el perímetro del recinto, no en el interior». Tiene en cuenta, además, que «no recibió ningún aviso en relación a las alteraciones producidas en el interior del pabellón ni a la superación del aforo». No obstante, sí que apunta a la responsabilidad civil del Ayuntamiento por ser propietario del recinto donde se produjo la tragedia.

El Ministerio Público sí considera que existieron distintas conductas delictivas por parte de 14 de los imputados a los que pide enjuiciar. Les acusa de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y nueve de lesiones. «La avalancha no fue un accidente, sino la consecuencia del proceder inadecuado de estas personas. Fue un hecho previsible y evitable, así como su resultado», sostiene la Fiscalía.

El principal acusado es el promotor del evento y administrador de la empresa organizadora Diviertt, Miguel Ángel Flores, quien hoy debe hacer frente a una fianza de 300.000 euros si no quiere ingresar en prisión. Está acusado de vender, «movido por un claro ánimo de enriquecerse», más de 22.000 entradas, cuando el aforo del recinto era de apenas 10.000 personas. Ello a sabiendas del riesgo que podía suponer para los asistentes.

A los doctores Simón y Carlos Viñals se les imputan dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional. El escrito sostiene que actuaron con absoluta negligencia al no ser capaces de reconocer que dos de las víctimas se encontraban en situación de parada cardiorrespiratoria y diagnosticar erróneamente que habían fallecido. Además, la Fiscalía estima que no utilizaron todos los recursos disponibles para la reanimación del resto de víctimas, como un desfibrilador, lo que hubiera podido salvar a las chicas. «La desidia de los imputados llegó hasta el punto de no cumplimentar el informe correspondiente a la asistencia sanitaria prestada», dice el documento.

Absoluto descontrol

El resto de solicitudes de imputación se reparte entre directivos y responsables de las empresas encargadas de la seguridad del evento, Diviertt, Seguriber, Kontrol 34 y la empresa municipal Madridec, que administraba la gestión del Madrid Arena. La Fiscalía madrileña concluye que la reunión prevista para coordinar a todos los agentes que intervinieron en el acontecimiento no llegó a celebrarse, lo que condujo a una nefasta gestión de las labores de evacuación.

El documento presentado ante el juez apunta al absoluto descontrol en el acceso al pabellón como una de las causas de la avalancha. Señala que hacia las dos de la madrugada se procedió a la apertura de la puerta principal «sin supervisión de ningún tipo». Además, indica que se habilitaron como puertas de entrada varios de los accesos considerados como vías de evacuación ante una posible situación de emergencia, que se acabaría produciendo. Denuncia también que cinco de los ocho vomitorios, considerados como salidas de emergencia, se encontraban cerrados hasta momentos después de la avalancha. Esto provocó el colapso de una de las vías de evacuación «hasta formarse, en pocos segundos, una gran montaña de personas atrapadas durante 20 angustiosos minutos».

Roberto Mateos, el empleado de Seguriber encargado del cuarto de cámaras de videovigilancia, permanece imputado por la Fiscalía acusado de abandonar su puesto de trabajo sin justificación alguna en el momento en el que se produjo la avalancha mortal.

La Fiscalía reconoció que su decisión no satisfará a todas las partes y espera los recursos de estas.