CÁDIZ

Investigan si el exalcalde Lorenzo Sánchez hizo negocios con obras públicas

La promotora Felipe Castellano, bajo sospecha por varios convenios, es el principal cliente de una de las empresas vinculadas al dirigente de Roteños Unidos

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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La última causa que se ha abierto en Rota, en torno al polémico convenio urbanístico que sirvió de base para la construcción del parking La Merced y que supone el cuarto frente judicial para el Gobierno local, tiene dos figuras centrales: el entonces alcalde Lorenzo Sánchez, de Roteños Unidos (RRUU), y la promotora Promociones Castellanos (que por error en la edición de ayer se le dio otro nombre). El primero como máximo responsable del Consistorio y quien concedió esa obra pública a dedo en 2006; la empresa, como la adjudicataria de unos trabajos que se incluían dentro de un acuerdo más sustancioso que incluía la permuta con el Ayuntamiento de una parcela en el casco antiguo a cambio de unos terrenos más valiosos en la zona de expansión de la localidad. Como ya informara en exclusiva ayer LA VOZ, ése es el núcleo de las diligencias que acaba de abrir la titular del juzgado nº 2 de Rota, la cual ya le ha encomendado a la Guardia Civil que recabe información.

Ese convenio no es el único que está bajo sospecha y que liga al anterior alcalde y hoy socio de Gobierno del PP con la promotora. En las primeras diligencias, del año 2012, de las que ha nacido esta cuarta causa, se investigan otros tres convenios que otorgaron a esa misma empresa una serie de obras públicas mediante procedimientos supuestamente irregulares. Desde que interpuso esa primera denuncia hace dos años, la Fiscalía Anticorrupción indaga en el porqué de la reiteración del Consistorio en contar con la misma promotora. La sombra de un trato de favor del Gobierno local hacia la empresa está encima de la mesa desde el primer momento.

El nexo

Las pesquisas han encontrado un nexo de unión que pudiera explicar la relación entre el exregidor Lorenzo Sánchez y la constructora que aparece en todos los convenios. La sociedad Pacheco y Puyana S. L. es una de las que están incluidas en el 'caso uniformes'. Con un objeto social amplio, que va de la fabricación de artículos de cerrajería, carpintería y herrajes, hasta construcciones completas, fue constituida por la mujer de Lorenzo Sánchez y la esposa de un exedil del PP en 2006. Está siendo investigada porque accedió a un contrato público a través de un procedimiento presuntamente irregular. Cuando la Guardia Civil ha repasado la actividad de esta sociedad se ha encontrado que más de la mitad de su facturación va dirigida a la promotora, que es el principal cliente de la empresa creada por la esposa de Lorenzo Sánchez. La investigación trata de confirmar si los convenios urbanísticos a esa promotora eran también un vehículo de favorecimiento a una de las sociedades que están dentro de la órbita de Lorenzo Sánchez; y si las adjudicaciones de obras públicas sin mediar concurso garantizaban presuntamente contratos a la empresa Pacheco Puyana como suministradora de la constructora Felipe Castellano, según confirmaron a este periódico fuentes directas de la investigación.

En el 'caso uniformes' se indaga precisamente si el exalcalde se lucró supuestamente con contratos públicos a través de una red de empresas. Para eludir el régimen de incompatibilidades que impide a los cargos públicos y a sus cónyuges hacer negocios con la Administración, habría puesto a una persona de su confianza, que ejercería de hombre de paja. Ésta es una de las tres causas judiciales en las que Lorenzo Sánchez está imputado.

Con respecto al último asunto que acaba de iniciar su recorrido procesal en el juzgado nº 2, la jueza no ha citado a nadie a la espera del informe que le remita el equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de Cádiz.

El gerente de la empresa constructora está también imputado en las diligencias de 2012 sobre los primeros convenios urbanísticos denunciados por Anticorrupción. Cuando arrancaron los interrogatorios en sede judicial, la promotora anunció la devolución al Consistorio de cuatro millones de euros indebidamente percibidos a través de esos convenios, según confirmó en su día el PSOE, personado en la causa.

Hoy está previsto una rueda de prensa de la alcaldesa Eva Corrales y del diputado provincial y también edil de la Corporación local Juan Antonio Liaño. Una comparecencia ante los medios que se produce tras conocerse a través de las páginas de este periódico que la instrucción del 'caso horas extras' ha concluido con un auto de procesamiento contra la primera edil, su socio Lorenzo Sánchez y otras siete personas más.