El exalcalde, en compañía de la actual regidora, cortan la cinta durante el acto de inauguración del aparcamiento en 2007. :: LA VOZ
CÁDIZ

La Justicia abre la cuarta investigación penal que salpica al Gobierno de Rota

La jueza del número 1 ordena a la Guardia Civil que recabe información sobre el convenio urbanístico que justificó la adjudicación a dedo de la obra del 'parking' de La Merced

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El juzgado de Instrucción número 1 de Rota acaba de abrir diligencias para indagar en un polémico convenio urbanístico suscrito por el exalcalde Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos) y que presuntamente favoreció al constructor local Benito Castellanos.

Esta nueva línea de investigación nace de las pesquisas que dirige ese mismo juzgado desde el año 2012 a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por otros tres convenios firmados por el Ayuntamiento y la misma promotora Promociones Castellanos S. L., la cual está detrás de las principales obras públicas ejecutadas durante los últimos años en la localidad.

Con este nuevo caso, ya son cuatro los frentes judiciales que consolidan la peculiaridad de un Gobierno local cuyos máximos responsables públicos son los que acumulan más imputaciones si se compara con otras corporaciones municipales. Esta nueva investigación complica aún más la situación judicial de la alcaldesa, Eva Corrales (PP) y su socio de Gobierno, tras conocerse ayer por LA VOZ que en otro de los asuntos judiciales que tienen pendientes, el 'caso horas extras', la jueza del número 2 ha ordenado la apertura de juicio oral.

En las nuevas diligencias, la magistrada le ha encomendado al equipo especializado de delitos urbanísticos de la Guardia Civil de Cádiz que recabe información sobre cómo se llevó a cabo la construcción del 'parking' de La Merced, inaugurado en 2007.

Estos trabajos fueron encomendados a la citada promotora local y los inició sin contar con la perceptiva licencia urbanística y sin que mediara concurso público alguno al que se pudieran presentar otras empresas. Sin embargo, Promociones Castellanos S. L. trabajó respaldado por el Consistorio, según la querella presentada por el PSOE.

Bajo el mandato de Lorenzo Sánchez, éste le adjudicó a dedo esa obra pero se amparaba en un convenio urbanístico que llamó la atención de la Junta de Andalucía por la irregularidades que presentaba. Así reclamó el expediente en varias ocasiones a la Administración local ante la posibilidad de que se pudieran cometer irregularidades urbanísticas. La más evidente, para los denunciantes, es que la obra finalmente se inició antes de que se aprobara el convenio, se sacara a concurso el proyecto y se concedieran los permisos perceptivos. Además se incumplieron normas urbanísticas como la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que especifica en su articulado que no se pueden enajenar bienes inmuebles a cambio de obras, salvo en casos excepcionales.

Negocio redondo

En virtud de ese acuerdo urbanístico, el Ayuntamiento permutó con el promotor local unos terrenos muy suculentos en la zona de expansión urbanística de Rota, valorados en 2,3 millones de euros, a cambio de una finca en el centro de la localidad, tasada en 1,2 millones. El Consistorio, según la documentación aportada a este procedimiento que acaba de nacer, justificó que esa diferencia de precio con la que salía perdiendo la compensaría ahorrándose el coste de una obra pública. El negocio fue redondo para el empresario y no tanto para el Ayuntamiento: la constructora se quedó con unos terrenos en una de las zonas más codiciadas de la localidad y con un contrato público para ejecutar una obra con un presupuesto de 1,7 millones. Eso significó que el Consistorio perdió unos terrenos muy valiosos y además tuvo que pagar unos 600.000 euros por la diferencia entre la permuta y el coste del 'parking'.

Este convenio ha salido a la luz durante el interrogatorio en sede judicial a uno de los testigos en la investigación por otros tres convenios de similares características y 'modus operandi' a través de los cuales se le encomendó a la misma promotora la construcción de un centro de salud y las obras de urbanización del polígono industrial Villa de Rota. El abogado del PSOE solicitó el expediente completo del parking y vio indicios de la comisión de nuevos delitos, además de la malversación y la prevaricación que se investiga desde 2012 en el procedimiento originario. Así también apunta al cohecho y al delito contra la Hacienda Pública y pidió que se ampliara el caso. La Fiscalía Anticorrupción, que formuló denuncia en las diligencias de 2012, solicitó que se abriera una causa judicial distinta que acaba de arrancar en los juzgados.

La querella planteada por el PSOE no sólo apunta a Lorenzo a Sánchez, también al actual alcalde de Chipiona, Antonio Peña (PP), que por entonces era concejal de Gobierno en Rota y la actual primer edil, Eva Corrales, como delegados responsables del planeamiento urbano del municipio.