La alcaldesa niega que haya caos en los Servicios Sociales

Una Junta de Gobierno más, la alcaldesa, Teófila Martínez, volvió a sacar pecho con la gestión que hace el Ayuntamiento en materia de asuntos sociales, a pesar de no tener competencias para ello. «En lo que llevamos del mes de julio hemos destinado 162.000 euros al pago de ayudas de emergencia social y de familia», de los cuales 44.000 euros fueron aprobados en la última reunión de la Junta de Gobierno Local. «Esto sí es política social», volvió a insistir la alcaldesa, «mientras que la Junta ni concierta plazas en la residencia de ancianos Micaela Aramburu, ni construye viviendas como las de Matadero», resumió. Con el último pago aprobado como ejemplo, Martínez negó que exista ningún caos en el área de Servicios Sociales tras el cese de 24 trabajadores. A los números se remitió. «162.000 euros demuestra que no hay ningún caos», aseguró tajante.

La alcaldesa también se refirió a la orden de pago publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la que dependen los contratos de los trabajadores sociales sujetos al Plan Concertado. «Es cierto que se ha publicado la orden de pago y ha pasado lo que nos temíamos, que nos han vuelto a quitar 500.000 euros como el año pasado».

La alcaldesa recordó que hasta 2011, la Junta de Andalucía aportaba 1.200.000 euros mientras que el Ayuntamiento contribuía con 8 millones de euros. Con esta partida de 2 millones de euros se pagaban tanto las ayudas sociales como el personal que depende del área en el que se encontraban los trabajadores sociales sujetos al Plan Concertado. Sin embargo, en 2012 la contribución de la Junta se redujo a 1 millón, «mientras que el Ayuntamiento no sólo mantuvo su partida sino que sumó la diferencia». En 2013, «pensando que la contribución del Gobierno andaluz iba a ser similar» se renovó a todo el personal pero «ésta se redujo a 600.000 euros», obligando al Consistorio a asumir la diferencia. «Sabiendo que nos podía pasar lo mismo decidimos hacer contratos hasta junio y no hasta diciembre por lo que los trabajadores no han sido despedidos sino que han terminado el contrato», matizó.

Pese a que se haya publicado la orden del pago, la alcaldesa no pudo asegurar que los 24 cesados puedan volver a su puesto de trabajo. «Una vez llegue el dinero, serán los técnicos municipales quienes vean el presupuesto total y determinen cuántas personas se pueden contratar». Una situación que previsiblemente se volverá a repetir en 2015. «Lo que no vamos a hacer es quitar parte del presupuesto a las ayudas que les damos a la familias porque cada año son más las que acuden a nosotros», subrayó. A esto añadió que tienen las manos atadas puesto que la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de Administración local impide a las administraciones asumir coste de los programas que no son competencias suyas.

Dos plazas en Micaela Aramburu

Por otra parte, la Junta de Gobierno local aprobó, a propuesta del área de Bienestar Social, la adjudicación de dos plazas de la residencia de ancianos Micaela Aramburu a dos personas. «Y mientras tanto la Junta de Andalucía sigue sin concertar plazas para las residencias de ancianos. Es el Ayuntamiento el que asume el coste. Y lo hacemos con mucho gusto», añadió, «pero es una vergüenza. No es de justicia que luego vengan a darnos lecciones».