El agujero negro de Delphi

El conflicto laboral de Delphi es un pozo negro de corrupción. Siete años después del cierre de la fábrica de Puerto Real siguen coleando los efectos de una pésima gestión de la Junta. La recién creada Asociación de Extrabajadores de la planta gaditana ha interpuesto la tercera denuncia contra la Administración regional por incumplimiento de los acuerdos firmados en el protocolo de junio de 2007, donde se regulaba el futuro de los 1.900 trabajadores que se quedaron en la calle. Lo que en un principio fue un tratamiento singular de la Junta hacia los afectados, se ha demostrado con el tiempo que las medidas del Gobierno regional, entonces en manos de Manuel Chaves, han sido un agravio comparativo. La Junta se comprometía por escrito a dar una formación remunerada al colectivo y, ademas, asumía su recolocación. La broma ha salido por más de 500 millones de euros y lo peor del asunto es que el conflicto laboral no se ha cerrado. Unos 600 extrabajadores, muchos de ellos están encerrados en el edificio de los sindicatos, reclaman a la Junta una salida digna y, sobre todo, que cumpla con los acuerdos del protocolo. La situación se antoja difícil para la Junta, pero es aún peor para unos extrabajadores que superan los 50 años de edad y forman parte del contingente de mano de obra de difícil recolocación. Mientras tanto, la jueza Alaya sigue tirando de la manta y acaba de imputar al exconsejero de Empleo, el jerezano Antonio Fernández, por el descontrol de los cursos de formación.