Protesta de los extrabajadores de Delphi contra el derribo de la planta. :: ANTONIO VÁZQUEZ
CÁDIZ

La administración concursal de Delphi solicita en el juzgado el derribo de la planta

Los auditores han presentado a la titular de lo Mercantil su plan para reducir a escombros la fábrica y recortar gastos de mantenimiento

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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La alegación presentada por el Ayuntamiento de Puerto Real en el juzgado de lo Mercantil contra el derribo de la antigua factoría de Delphi ha encendido todas las alarmas ante la inminente demolición de este complejo industrial, ubicado en el polígono del Trocadero. Los administradores concursales que gestionan los intereses de los acreedores de Delphi han dado otro paso más en su empeño por reducir a escombros la factoría y han solicitado a la jueza de lo Mercantil, María del Castillo Mendaro, permiso para meter la pala en los terrenos. De momento, la titular del juzgado ha abierto un periodo de alegaciones entre la veintena de acreedores de Delphi sobre la viabilidad del plan de derribo. El Consistorio de Puerto Real, acreedor de la empresa, ha mostrado su rechazo a los planes de la administración concursal.

El servicio jurídico del Ayuntamiento considera que la demolición supone una reducción del valor patrimonial que va contra los intereses de los propios acreedores y sostiene que esta medida no aportaría beneficios para afrontar la deuda de casi 9 millones que dejó la multinacional cuando cerró en febrero de 2007. El objetivo de los administradores no es otro que reducir los gastos de mantenimiento de la vieja fábrica y obtener con su demolición algo de liquidez mediante la venta del hierro y del cobre que aún queda en el interior de las instalaciones.

La deuda crece

El informe que han presentado los administradores concursales a la jueza destaca que entre 2011 y 2014 el coste de mantenimiento de la planta en concepto de impuestos y seguridad, entre otros asuntos, ha significado un desembolso de 2,3 millones de euros. Los gestores judiciales argumentan que el derribo, por ejemplo, reduciría el pago del IBI a la mitad. El Ayuntamiento de Puerto Real juega un papel muy difícil en este tema ya que tiene un conflicto de intereses. Por un lado es acreedor de Delphi, ya que la multinacional le adeuda dinero, pero también se beneficia del cobro de una contribución que supera los 250.000 euros anuales. No obstante, el Consistorio considera que este suelo industrial resulta mucho más atractivo para la inversión con sus naves en pie que demolidas.

Las prisas de los gestores concursales para que el juzgado resuelva antes de final de año obedecen a la necesidad de que la pala derribe el inmueble cuanto antes, lo que impediría el pago total del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 2014.

La situación de los terrenos inquieta al colectivo de extrabajadores, que ven cómo el único aval para su posible recolocación se pierde. Entienden que es «mucho más fácil» que se establezcan en la zona empresas que generen puestos de trabajo si cuentan con unas instalaciones adecuadas y «prácticamente listas para iniciar la actividad».

El portavoz de USO en el colectivo, Miguel Paramio, indicó a LA VOZ que se ha remitido el plan de demolición a los acreedores, y «si dan su visto bueno será inminente» el derribo. Los acreedores del concurso son Aguas de Puerto Real, S.A.; Arval Service Lease, S.A.; Delphi A.S. Deutschland GMBH; Delphi Diesel Systems, S.L.; Delphi France SAS; Delphi Italia Automotive Systems, S.R.L.; Delphi Packard España, S.L.; Delphi Poland, S.A. y Delphi Technologies, INC. También son acreedores Puerto Real Cogeneración, S.A.; Sidenor Industrial, S.L.; Sociedad de Prevención de Fremap; la Agencia Estatal de Administración Tributaria (retenciones a cuenta del IRPF enero-febrero de 2010), el Ayuntamiento de Puerto Real (IBI 2010) y Tesorería General de la Seguridad Social (Cuotas Seguridad Social de febrero de 2010).

El encierro que mantienen los extrabajadores en el edificio de los sindicatos, en Cádiz, desde el pasado enero sigue adelante. No tienen intención, por ahora, de levantar la protesta. El colectivo percibe la situación como «amargante» después de siete años esperando una solución que «no llega para los 600 extrabajadores que quedan por recolocar». El colectivo lleva 165 días de encierro «sin que eso haya servido para que la Junta mueva un dedo».

En este sentido, critican que no se haya reunido la comisión de seguimiento de los asuntos de Delphi que solicitaron formalmente los cuatro sindicatos inmersos en el conflicto -CC OO, UGT, CGT y USO-, censurando igualmente que el delegado territorial de Empleo, José Manuel Miranda, «no se haya dignado» a recibirlos «desde que tomó posesión de su cargo». Se quejan de que los tienen «anulados» aquellos que entienden que deberían procurarles una solución.