El conflicto en los servicios sociales llega al Defensor

El Consejo Andaluz de Trabajo Social, que aglutina a los distintos colegios provinciales que representan a unos 5.000 trabajadores, se ofrece como mediador en el conflicto surgido en el Ayuntamiento de Cádiz con el cese de los 24 trabajadores de la Delegación Municipal de Servicios Sociales. La presidenta y el vicepresidente del Consejo ofrecieron ayer una rueda de prensa previa a la concentración que se celebró por la tarde en defensa de la reincorporación de estos trabajadores. Otra marea de protesta, esta vez de color naranja, protestó frente a la sede de la Subdelegación.

Con ese objetivo, el de conseguir que la Junta y el Consistorio alcancen un acuerdo en la financiación del Plan Concertado que permita el regreso de los compañeros a sus puestos de trabajo, el Consejo ha recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz. «Tras mantener una reunión, nos han pedido que presentemos una queja», explica la presidenta del Consejo, Encarnación Peláez. Además, desde este órgano de representación han remitido sendos escritos a la alcaldesa de Cádiz y a la presidenta de la Junta de Andalucía con el fin de sentarse y buscar una salida negociada.

La falta de entendimiento y diálogo entra ambas administraciones está siendo clave en este conflicto. «Están tomando como rehenes a la ciudadanía en lo que entendemos que es una confrontación política más que un problema económico». Desde el inicio, los trabajadores han repartido responsabilidades en este entuerto: «La Junta no está siendo ágil en el pago de sus aportaciones. Es verdad que no es nuevo, pero los ayuntamientos están atravesando por un momento complicado. Pero el Consistorio de Cádiz tampoco está obrando de buena fe. La reforma de la administración local no entra en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015 -la nueva norma que limita a los ayuntamientos el uso que hace de sus fondos- y hay un decreto de la Junta que establece que los servicios sociales comunitarios son competencia municipal».

En ese encuentro con los medios volvieron a subrayar la situación de emergencia por la que atraviesa el área municipal por el recorte significativo de personal. Pese a que desde el Ayuntamiento se niega problemas en el funcionamiento interno en las Unidades de Trabajo Social (UTS) de la capital y que el servicio a la ciudadanía se haya resentido; desde el Consejo hablan de «sentido común». «La demanda de atención social se ha incrementado mucho. Si antes costaba llegar, ahora con menos personal no se puede realizar la misma tarea y con la misma eficacia. Es matemático», decía la presidenta del Consejo.

Reorganización del área

Varios de los cesados se encontraban en la sala y confirmaron que en la delegación municipal «se está pidiendo a los compañeros que hagan horas extras para tapar los agujeros y se ha reducido el horario de atención». Sostienen que desde la dirección del área se están estudiando medidas como la reconversión de conserjes en auxiliares administrativos para asumir una tarea que se ha incrementado en un 74% debido principalmente a la crisis, según datos aportados por el colegio gaditano de Trabajo Social. Recuerdan que no son «simples máquinas que recetan ayudas económicas. Detrás de cada expediente hay un estudio, un seguimiento, una atención personalizada al usuario», cuenta una de las despedidas.

La medida acordada por el Ayuntamiento de Cádiz no tiene precedentes en la comunidad autónoma, según la presidenta del Consejo; si bien, las aportaciones tardías de la Junta han motivado la 'rebelión' de otros ayuntamientos gobernados por el PP como Jaén, donde su equipo de Gobierno local renunció en 2013 a prestar los servicios de la dependencia, apoyándose en una deuda que había contraído la Administración regional. La Junta llevó esta decisión a los tribunales y la Justicia obligó al Consistorio a retomar el servicio. Ahora le plantea a la Junta un nuevo convenio que le obligaría a pagar intereses de demora por el retraso en los pagos. En medio del conflicto, 200 trabajadores que vieron cómo se retrasaba el pago de sus nóminas y los usuarios que no tenían acceso a sus servicios.