Cádiz se alquila en verano sin declarar

En Bilbao están que trinan porque los alquileres ilegales suponen el 10% de la oferta de alojamientos para viajeros. La noticia ha ocupado grandes titulares con reacciones del sector turístico, de las administraciones, de sindicatos, de partidos políticos; de toda la sociedad. En esta provincia la oferta de alojamientos ilegales casi triplica a la de hoteles. Y parece que todos los sectores lo tienen asumido. Según la asociación de técnicos de Hacienda, Gestha, en la provincia se ofertan 3.000 pisos de alquiler sin declarar en 2013 (haciendo una estimación bastante prudente, a la baja), lo que supone una capacidad alojativa fuera de la norma de unas 120.000 personas, ya que se calcula que en cada piso sólo pernocta una media de cuatro personas (otra estimación, más que conservadora, optimista). En el otro lado del 'ring', para competir cumpliendo con todas las leyes, ofreciendo servicios y contratando personal se encuentran los empresarios hoteleros. Su oferta alcanza las 43.596 plazas en la provincia, según datos del Observatorio Turístico del Patronato Provincial de la Diputación de Cádiz. Esto quiere decir que la economía sumergida, especialmente en periodos vacaciones como el verano, triplica a la oferta reglada y declarada. Los únicos que protestan en Cádiz son los empresarios, especialmente los pequeños que luchan por sacar las cuentas cada mes con un hotel de pequeño o mediano tamaño, que dependen de una clientela muy similar al de los alquileres de piso. Los grandes alojamientos de la costa quedan fuera de esta pelea porque suelen llenar con facilidad gracias a sus acuerdos con la touroperación extranjera.

En Cataluña, con una afluencia turística más parecida a la andaluza, van por delante en la regulación de alquileres vacacionales (los que se realizan por menos de un mes) y han puesto en marcha algo similar a lo que pretende la Consejería deTurismo de la Junta de Andalucía; un registro para que los arrendadores dejen constancia de su oferta turística. Pero han dado un paso más y están penalizando a los dueños de pisos que se anuncian por internet y no muestran el número de Registro Turístico de Cataluña. La Ley de Turismo catalana establece sanciones desde los 3.001 euros a los 30.000 euros. «El problema es que se ha pasado del boca a boca a una publicidad a la mano de cualquiera, que está haciendo que la competencia desleal se dispare», apunta el presidente de la patronal hotelera Horeca, Antonio de María.

La fiscalización en Cataluña se está centrando en las webs y en los propietarios de las viviendas, ya que se está multiplicando exponencialmente este negocio, a través de una forma de publicidad que nunca había existido. Éste es el arma de doble filo que temen los propietarios de piso que no declaran sus ingresos por alquiler turístico, que una vez que se inscriban en el registro que propone también la Junta de Andalucía, se conviertan en presa fácil para los inspectores de Hacienda.

Pero que tire la primera piedra quien no haya arrendado nunca un alojamiento en cualquier playa de Cádiz sin declarar. Los técnicos de Hacienda lo saben. Conocen hasta el último detalle de cómo funciona esta economía sumergida, «pero el control de este tipo de fraude tampoco es nuestro programa estrella», apunta el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. «Es muy fácil cruzar los datos de una vivienda supuestamente vacía con los de la empresa de suministro eléctrico», explica Mollinedo, pero «no tenemos personal suficiente dedicado a esto porque tampoco es la política de inspección más perseguida. Preferimos que los arrendadores vayan declarando sus alquileres como, de hecho, están haciendo». Asegura que desde que se cruzan los datos en 2010, aunque la Ley Antifraude data de 2006, se ha notado un aumento de alquileres declarados, «sólo por el efecto disuasorio de la norma».

Mollinedo describe el perfil de los defraudadores de Hacienda como medio-bajo. «Se trata más bien de jubilados que ya no usan su piso para veranear y lo alquilan a conocidos o familias que compran una segunda vivienda y utilizan el alquiler puntualmente para pagar la hipoteca». Según el representante de Gestha, ellos no son el enemigo de Hacienda, «especialmente cuando los grandes defraudadores se nos están escapando en nuestra cara y no nos dejan actuar». Pero también apunta que desde que se cruzan los datos con el consumo eléctrico está bajando la oferta sin declarar. Las familias que no declaren sus viviendas de alquiler se exponen a una sanción mínima del 5% de la cuantía defraudada, más intereses de demora. Lo que se suele pagar de media, tras los descuentos por pronto pago y demás, se sitúa en un 28% de los ingresos para las parejas y un 24% para los pensionistas defraudadores.

El representante de los técnicos de Hacienda en España conoce la normativa de alquileres turísticos desarrollada en Cataluña y sabe lo que pretende el Gobierno andaluz. No entra en valoraciones pero explica que todo esto será legal siempre que en los pisos de alquiler no se ofrezcan otros servicios.