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Admitida a trámite la denuncia de UGT contra la Junta por Delphi

El TSJA da ahora diez días de plazo para presentar la documentación y se espera que también acepte la que interpuso USO por incumplir los acuerdos

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite la denuncia que interpuso UGT contra la Junta de Andalucía a primeros de mes por incumplir los acuerdos del protocolo de junio de 2007. Este documento recoge por escrito los compromisos adquiridos por la Administración regional con la plantilla a raíz del cierre de la factoría en febrero de ese mismo año. El Gobierno andaluz se desmarcó unilateralmente de este acuerdo en septiembre de 2012 alegando problemas económicos derivados de la crisis. El documento recoge la formación reglada y remunerada para la plantilla, su recolocación, además de planes sociales. La Junta, por su parte, asegura que sigue adelante en la búsqueda de una solución a este conflicto laboral, que dura ya siete años.

Ante esta situación y después de mucho debate interno, el sindicato UGT dio un paso al frente a primeros de mayo elevando el caso a los tribunales. La sorpresa ha sido mayúscula para el portavoz de UGT en Delphi, Antonio Montoro, «que no esperaba tanta rapidez». El TSJA da ahora diez días de plazo a las partes para que presenten la documentación. Montoro confía en que la entrada de la justicia en el 'caso Delphi' acelere ahora una solución política al conflicto. Unos 600 trabajadores del colectivo siguen sin prestaciones y parados.

La admisión a trámite de esta denuncia permite abrigar la esperanza para que el TSJA también acepte en breve el recurso que interpuso el pasado lunes el sindicato USO. Su denuncia se redactó en los mismos términos que la de UGT. El objetivo es que la Junta recapacite y cumpla con lo pactado en el protocolo.

Por otra parte, el proceso concursal en el que se encuentran los terrenos de Delphi sigue su curso. Los representantes de la veintena de acreedores que dejó la multinacional Delphi tras su cierre en la Bahía han avanzado algo más en su intento por demoler la antigua factoría y reducir con ello los gastos de mantenimiento. Los auditores ya han elegido a una de las cinco ofertas presentadas para iniciar el derribo de la planta y vender como chatarra el hierro y el cobre que se obtenga. Con esta operación se reducen los gastos de vigilancia de los terrenos, se recorta el recibo del IBI y se acelera la subasta del suelo. La plantilla quiere evitar a toda costa esta actuación. El Juzgado de la Mercantil tendrá que dar el visto bueno y luego será el Ayuntamiento de Puerto Real el que trámite la licencia de derribo.