Los órganos fiscalizadores denuncian falta de recursos para controlar la corrupción

«El principal déficit de España es el de la rendición de cuentas». El veredicto del director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, no pudo ser más categórico. Fue el primero de los expertos llamados a comparecer ante los grupos parlamentarios del Congreso para analizar qué medidas legales permitirían poner coto de manera eficiente a la corrupción, considerada ya por los españoles el problema más grave del país tras el paro.

Lo hizo con un discurso poco apto para la rápida digestión de una ciudadanía cabreada. Dejó claro que es necesario reforzar los controles, y sobre todo advirtió de que, más que leyes que endurezcan las penas, lo que hace falta es «agilizar la respuesta procesal» frente a los delitos, pero también llamó a abrir una reflexión tan poco popular como la de si no sería bueno que los políticos españoles tuvieran salarios más jugosos, como en otros países europeos, para asegurar mayor cualificación profesional y menos tentaciones.

Lo cierto es que ninguno de los grupos presentes -faltaron PNV, ERC, UPyD, buena parte del Grupo Mixto a excepción de Amaiur y, en esta primera comparecencia, Izquierda Unida- se sumaron a este planteamiento, por otro lado tangencial dentro de su discurso, salvo Convergència i Unió, que siempre ha llevado la voz cantante en ese debate. Otra cosa es que, en general, aplaudieran la segunda pata de esa idea. Pendás afirmó que es importante que los ciudadanos asuman que «financiar a los partidos en democracia es contribuir al buen funcionamiento de la misma» y abogó por la financiación pública, lo que no deja de ser llamativo si se tiene en cuenta que él es el principal asesor en materia de buenas prácticas políticas de un Gobierno que ha recortado las subvenciones a los partidos durante dos ejercicios.

En todo caso, lo común de su comparecencia con las otras dos celebradas ayer -la del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez Miranda- es el análisis de que en la lucha contra la corrupción no solo hace falta cambiar leyes sino que son precisos más recursos. Torres-Dulce fue tajante al respecto. «Los medios materiales y humanos -dijo- no están a la altura». Y Álvarez Miranda tampoco le anduvo a la zaga al reclamar para su organismo, encargado de auditar a las formaciones políticas, «una unidad que multiplique por dos las personas dedicadas a estos temas».

Respuesta rápida

La necesidad de poder dar una respuesta rápida, más allá de la contundencia del castigo -Dulce recordó que ya ha habido 27 modificaciones del Código Penal desde 1995-, tiene para los encargados de los órganos fiscalizadores del Estado una razón vital porque traslada una sensación de impunidad que puede conducir a que los ciudadanos, dijo, «encuentren justificación en el incumplimiento de las normas». Las peticiones del fiscal general del Estado en lo que respecta a su ministerio tendrían aludieron a la función que desempeñan los jueces y, de hecho, de su comparecencia cabe interpretar algún reproche a comportamientos como el de la juez Mercedes Alaya, entre otros.

Torres Dulce se mostró partidario de dividir las causas y evitar macrojuicios que «perpetúen» la instrucción y pongan en peligro la persecución efectiva del delito; reclamó para el fiscal el papel de verdadero impulsor de la investigación; se quejó de que el 97% de los medios tecnológicos están dedicados a los jueces y el 95% del personal auxiliar a juzgados y tribunales; y advirtió de que «los jueces no han distinguido bien en general (y sabemos los casos concretos) -matizó- el peso de la imputación».

El presidente del Tribunal de Cuentas, por su parte, convino en que sería bueno poder actuar con «más rapidez» en el escrutinio de las cuentas. La fiscalía de esta institución ha pedido que se abran procedimientos sancionadores a partidos en cuyas cuentas se han detectado irregularidades y entre los que se encuentran PP, PSOE, IU y UPyD. Álvarez Miranda apuntó a que, antes de incoar diligencias, esperará a que venza el plazo de alegaciones por parte de los partidos. Ahora bien, dejo claro que, de todas las irregularidades detectadas, las que más le preocupan son la referidas a «donaciones opacas».