La rehabilitación del Consistorio sigue atrapada en trámites administrativos

El equipo de Gobierno de José Loaiza reservó ocho millones de euros de los presupuestos para este año con el fin de sacar adelante la obra de rehabilitación del Consistorio. Es la cantidad que estima que se precisa para recuperar el uso del edificio, sin grandes modificaciones, y para poder acometerlo sin depender económicamente de la Junta de Andalucía, administración con la que se tiene firmada un convenio para que se haga cargo de la mitad del coste de la actuación. De salir adelante la propuesta municipal, cada administración debería abonar unos cuatro millones de euros.

Pero, aunque se opte por realizar el proyecto sin ayuda financiera de la Junta, no es tan sencillo sacarlo adelante. Porque antes de poder siquiera meter las máquinas en el inmueble, hay que resolver una serie de trámites administrativos. Un proceso que actualmente se encuentra empantanado. Loaiza ya ha mantenido diferentes reuniones con el delegado de Gobierno andaluz, Fernando López Gil, con respecto a este asunto y poco se ha avanzado. La semana pasada López Gil remitió un escrito al propio Loaiza, en el que se recogía que para seguir avanzando es preciso «que por su parte se estableciera el procedimiento y los cauces que consideraba más oportunos y favorables a los intereses de San Fernando, dado que había planteado diversas variables sin definir una concreta». De esta manera, el documento acaba asegurando que se va a dar todo el apoyo que puede ofrecer la Junta de Andalucía con respecto al proyecto, pero una vez Loaiza decida «los términos en los que quiere que continuemos trabajando conjuntamente».

Un escrito que llega tras las denuncias públicas realizadas no sólo por Loaiza, sino por diferentes miembros del Consistorio, en las que exponían que llevaban semanas esperando una respuesta del técnico nombrado de enlace para tratar el asunto de la rehabilitación. Se trataba de las cuestiones jurídicas que se deben afrontar para hacer viable la petición del Ayuntamiento de reducir el coste de la obra.

Y es que hay que determinar el camino que se debe tomar. Es decir, si se va actuar dentro del convenio marco firmado hace más de una década o si por el contrario se va a modificar ese documento. Si lo que se pretende es hacer un modificado del proyecto actual para ejecutarlo por fases o por el contrario redactar un proyecto completamente nuevo.

Hasta que no se resuelvan estas dudas, la Junta expone que no se puede continuar con el trabajo administrativo. De esta manera, le pide que ponga fechas posibles para un nuevo encuentro, puesto que los técnicos municipales así lo solicitaron, para continuar con un proceso complicado, hasta tal punto que ahora mismo resulta imposible conocer fechas o plazos para saber cuándo se podrá comenzar la actuación.

Sin fecha

La rehabilitación del Ayuntamiento es una aspiración ya histórica y hasta el momento inviable de poner en marcha. Se realizó un concurso internacional de proyectos y el coste del que ganó ascendía a unos 16 millones de euros. La Junta aseguraba tener el dinero reservado de su parte (unos ocho millones), pero en este caso era la Administración local la que no podía asumir tal coste. Pidió que se le concediera la posibilidad de entregar las cantidades en anualidades, pero no se llegó a ningún acuerdo.

Desde que llegó Loaiza a Alcaldía ha expuesto la necesidad de reducir las cantidades y de suprimir apartados que no eran necesarios para ponerlo en uso. Finalmente ha establecido la cifra en ocho millones de euros, pero implica volver a mover papeles.