Nueve de cada diez ayudas a formación concedidas en Cádiz, «bajo sospecha»

El Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tiene dificultades para creer lo que ve, para digerir lo descubierto durante año y medio de investigación. «Es pronto para dar cifras de empresas o particulares implicados. La documentación acumulada es enorme. Necesitaríamos semanas repasándola para dar un número aunque fuera estimado». El que trata de dibujar el tamaño aproximado del agujero administrativo descubierto es uno de los coordinadores de la investigación, que tiene sede en Málaga.

Admitía ayer a LA VOZ que la 'operación Edu' tiene «una gran ramificación en la provincia de Cádiz. La tiene en toda Andalucía, afecta a las ocho provincias, pero los casos en territorio gaditano son los más numerosos junto a los investigados en Granada, Jaén y la provincia malagueña».

En esta última arrancó el caso, con aspecto de escándalo mayúsculo, tras una alerta de la Seguridad Social. Esa alarma detectó a 15 empresas malagueñas que habrían percibido ayudas por impartir cursos de formación a desempleados que, presuntamente, nunca existieron, jamás se impartieron. O, en su defecto, se llegaron a realizar (con más o menos seriedad) pero incumplieron un requisito fundamental: contratar al menos al 60% del alumnado, durante seis meses, como mínimo, en los tres meses siguientes al fin de la formación y con, al menos, media jornada.

Los presuntos implicados en esta oleada de irregularidades masivas percibían el dinero pero luego no contrataban a nadie, se lo habrían repartido con posibles 'conseguidores', intermediarios que les animaban y asesoraban para conseguir las ayudas de la Junta de Andalucía, aprobadas en octubre de 2009. El dinero nunca llegaba a propiciar la contratación de parados que daban los cursos, que era su destino teórico. Las pesquisas sobre estas prácticas comenzaron a principios de 2013 en Málaga y se extendieron al resto de la comunidad autónoma durante el pasado año.

En el caso de Cádiz, las mismas fuentes policiales aseguran que la investigación de la documentación se ha remontado «cinco años atrás, hasta 2009, cuando se aprobó la orden que abría la puerta a la concesión de estas ayudas por cursos para desempleados. Ya se han revisado todas las concedidas».

El resultado es tan alarmante y llamativo como el resto de dimensiones de la posible estafa: «El 90% de las ayudas concedidas, de los procesos, de mayor o menor cuantía, presenta alguna irregularidad, está bajo sospecha o presenta claros indicios de haberse concedido sin propiciar la contratación de nadie. En los mejores casos, de menos desempleados de los que era obligatorio al recibir la subvención».

Trama y picaresca

Los propios responsables de la investigación advierten de que está tan extendida en lo geográfico, en el tiempo y en posibles afectados o implicados que resulta imposible hablar de una trama organizada. «Los indicios señalan que algunos de esos 'conseguidores' sí tenían una red creada para contactar con empresas y pequeños negocios, proponerles los cursos y poner en marcha el mecanismo para quedarse con parte de la ayuda. Alguno habría ingresado millones así. Pero también hay casos de picaresca particular, de pequeños empresarios que se enteraban de la posibilidad de obtener el dinero y luego eludían la contraprestación de contratar».

En la provincia de Cádiz, las ayudas recibidas por algunas de estas firmas, instituciones públicas, asociaciones y hasta centros educativos oscilan entre las más comunes (de 20.000 a 40.000) hasta las que superaban los 200.000 euros. El número de casos irregulares desde 2009 hasta ahora sería tan alto que los investigadores creen, como estimación inicial, que se habría perdido una cantidad de dinero público hasta diez veces superior a los 140 millones del caso de los falsos ERE que investiga la juez Alaya.

Para entender el tamaño del pufo, que los propios investigadores lo intuyen como el mayor de Europa desde que existen este tipo de incentivos, basta hacer un cálculo. La Fiscalía Anticorrupción ha calculado ya en 3.700 millones las subvenciones concedidas entre 2009 y 2011 para estos cursos de formación en Andalucía. Aplíquese a esa cantidad el porcentaje del 90% que la Policía maneja como el que se han perdido en distintos bolsillos sin que haya servido para crear un solo empleo real.