Trabajar en negro

El Gobierno de la nación quiere poner coto al fraude laboral. Se trata de otra de las aristas que sostiene la economía sumergida en nuestro país y que tiene especial repercusión en Cádiz. Los últimos datos revelan que tanto el fraude laboral como el fraude fiscal mueven cada año en la provincia unos 5.800 millones de euros. Se trata de un dinero en negro que elude todos los mecanismos de control de la Agencia Tributaria y de la Tesorería de la Seguridad Social. De hecho, esta bolsa de fraude ha ido a más desde que comenzó la crisis.

El Ministerio de Empleo puso en marcha hace varios meses una estrategia para estrechar el control sobre el fraude y los intentos de engañar a la Administración en el cobro de cualquiera de las prestaciones de la Seguridad Social. En el caso de Cádiz, por ejemplo, la Inspección de Trabajo ha logrado sacar a flote entre 2012 y 2013 un total de 5.289 empleos clandestinos, es decir, personas que estaban ocupadas, pero sin dar de alta. La labor de control también ha permitido en estos dos últimos años localizar a casi un millar de gaditanos cobrando el subsidio de paro y trabajando a la vez. Esta práctica implica una sanción para el empresario que va de los 10.000 euros a los 187.000, mientras que el infractor se enfrenta a la retirada de un año de prestación por desempleo y a la obligación de devolver el dinero cobrado.

Otra vuelta de tuerca

El cerco al fraude laboral subirá un peldaño más a lo largo de 2014. El departamento que dirige Fátima Báñez está dando otra vuelta de tuerca al control administrativo para reducir la picaresca entre los beneficiarios del paro. No se trata, insisten, de una persecución contra los parados, sino de intensificar y luchar de manera efectiva contra el fraude en el cobro de prestaciones. Esta nueva ofensiva se produce en España después de que, entre enero del 2012 y junio del 2013, los Servicios Públicos de Empleo (el antiguo INEM) retiraron la prestación a 159.793 personas en situación de paro, y a otras 360.779 se les suspendió el cobro por distintas razones. Esta actuación ha significado un ahorro de 3.100 millones en el gasto en prestaciones por desempleo.

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz fue pionera hace dos años en la creación de una Comisión Anti Fraude, integrada por representantes de la Agencia Tributaria, inspectores de Trabajo, Fiscalía, Guardia Civil, Policía Nacional y Tesorería de la Seguridad Social, entre otros agentes. Esta Comisión se enmarca dentro de la lucha continua que mantiene el Gobierno central contra el fraude en todas sus manifestaciones y busca tres objetivos principales: conseguir fluidez, conseguir intercambio de información entre los organismos de la Administración que la componen y la preparación y conocimiento de actuaciones conjuntas. El resultado de su puesta en marcha ha sido óptimo ya que, por un lado, actúa como elemento de prevención contra el fraude y, al mismo tiempo, como coordinador de futuras intervenciones. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, destacó en un reciente balance de la citada Comisión que las medidas de lucha contra el fraude, impulsadas por el Gobierno dentro del programa de saneamiento de las cuentas públicas, han permitido aflorar en la provincia 476 empresas ficticias o pantalla que tenían contratados supuestamente a 1.219 trabajadores. Este varapalo a la picaresca laboral ha significado en la provincia la recuperación de 2,6 millones de euros cobrados de forma fraudulenta. Además, la labor de la Inspección de Trabajo ha logrado convertir 2.438 contratos temporales en indefinidos al comprobarse que la relación laboral entre la empresa y el trabajador era más larga de la recogida por el contrato a tiempo parcial.

Sectores bajo lupa

En cuanto al fraude detectado en el subsidio de paro, el objetivo ahora es intensificar y ampliar las investigaciones para detectar y sancionar con rapidez a cualquier persona que está percibiendo la prestación sin tener derecho a ella. Los Servicios Públicos de Empleo están inspeccionando a alrededor de dos millones y medio de beneficiarios en todo el país. De esta forma, la Inspección de Trabajo ha puesto la lupa en los parados inscritos como demandantes de empleo y mantienen dicha inscripción durante todo el período de percepción de la prestación. Tienen que acreditar su disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar una colocación adecuada, mediante la suscripción de un compromiso de actividad.

Los sectores donde se incidirá de forma notable en las próximas fechas serán la hostelería y el comercio, ya que son los que concentran la mayor bolsa e fraude con motivo de las vacaciones de Semana Santa, celebración del Premio de Motociclismo en Jerez, ferias y campaña de verano. Ambos sectores son los más visitados por los inspectores. Así, a lo largo de 2014 la Inspección Provincial de Trabajo realizará en Cádiz más de 17.000 actuaciones orientadas a la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Las actuaciones en materia de economía irregular y trabajo de extranjeros ocuparán casi el 50% de la actividad total prevista para el año en curso, con 7.500 actuaciones asignadas que incluyen la planificación por sectores de actividad. Estas inspecciones se plantean con el objetivo de regularizar el trabajo oculto y evitar el fraude en la percepción de pensiones y prestaciones de la Seguridad Social. También se persigue la incompatibilidad con las rentas derivadas del trabajo, la infracotización a la Seguridad Social, así como los beneficios indebidos por la incorrecta aplicación de bonificaciones.

Por otro lado, en el año 2013 se actuó sobre un grupo de empresarios aparentes, vinculados entre sí y radicados en Jerez. La actuación inspectora afectó a 17 empresarios y permitió anular las altas de 935 trabajadores ficticios y las de 462 trabajadores que obtuvieron alguna prestación de Seguridad Social beneficiándose de la falsa contratación.

La operación concluyó con la remisión de informe preceptivo al Ministerio Fiscal. Tras la actuación de la Inspección de Trabajo y de la Tesorería de la Seguridad Social, la Guardia Civil ha llevado a cabo una operación policial denominada 'Relisto' sobre la misma trama fraudulenta. El importe total de las prestaciones recuperadas como consecuencia de estas actuaciones fraudulentas ascendió a 3.471.729 euros, el importe total de las sanciones impuestas a las empresas fue de 3.095.494 euros, mientras que el importe total de la deuda de Seguridad Social anulada alcanzó los 1.280.230 euros.

La Comisión Anti Fraude sabe que el tejido laboral de la provincia es especialmente sensible y vulnerable por las prácticas fraudulentas y la competencia desleal. En los próximos meses se advertirá una labor de control mayor si cabe. Cádiz cuenta con un registro de 57.000 empresas, el 80% son empresas de trabajadores autónomos o sin empleados, o las 18.000 pymes con 1 ó 2 trabajadores.