La enfermedad del boom inmobiliario

Falló todo. Falló la información, falló la prevención y fallaron los controles. Ahora, al menos unas 80 personas de la provincia de Cádiz, la mayoría de Chiclana, luchan contra la silicosis, una enfermedad que a pesar de estar vinculada tradicionalmente a la minería, parece haberse instalado al sur de España, más concretamente en la Bahía. «Es el mismo nombre pero con distinto apellido», resume Aránzazu Pérez Alonso, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. El nombre es el de una enfermedad pulmonar resultante de la inhalación y acumulación de polvo inorgánico de sílice en el pulmón. El apellido, en este caso, es del aglomerado de cuarzo, un material vinculado al boom inmobiliario por ser uno de los materiales más utilizados para la fabricación e instalación de encimeras de cocina. Por eso no es de extrañar, que la gran mayoría de los casos de la provincia estén localizados en empresas de Chiclana dado que es uno de los municipios que más se volcó en el sector de la construcción.

Pese a haber dado recientemente la cara, al menos en la Bahía de Cádiz, la enfermedad de la silicosis provocada por la falta de medidas de seguridad durante el tratamiento del aglomerado de cuarzo no es nada nueva. «Ya en los años 90 se detectaron casos en Israel quienes fueron los primeros en comercializar este producto», explica el abogado de la Asociación Nacional de afectados y enfermos de silicosis. Pero aquello quedaba por entonces muy lejos. No fue hasta principios del año 2001 cuando aparecieron los primeros casos en Almería. «Intervino la Inspección de trabajo y detectó casos de silicosis provocados tanto en las fases iniciales del proceso de fabricación como en el acabado final: corte, pulido, biselado.», señala el letrado. La Inspección actuó, el empresario pagó y emprendió las medidas oportunas de protección «pero el problema es que no informaron a nadie más», añade. «No se dieron cuenta de la gravedad de los hechos. A nadie se le ocurrió que la introducción de un producto nuevo y además químico, pudiera tener unas consecuencias. Ni se informó ni se actuó por parte de nadie». Con el paso del tiempo y la generalización del uso del producto fueron surgiendo casos en otros puntos de España como Valencia, Vizcaya y Cádiz. «En estos momentos tenemos detectados 80 casos de silicosis en la provincia de Cádiz», explica la especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Aránzazu Pérez Alonso. Los primeros casos aparecieron a finales de 2009. «Eran tres trabajadores de mármol que se dedicaban a la fabricación y montaje de encimeras en una empresa de Chiclana». Debido al inesperado número de casos se inició una investigación del brote en la que interviene Pérez Alonso. En menos de tres años (desde 2009 a 2012), el número de afectados había llegado al medio centenar. El perfil preocupaba puesto que «se trataban en su mayoría de hombres jóvenes, de unos 33 años con una media de antigüedad en el trabajo de 11 años». He aquí la primera diferencia con los mineros. «Mientras que en las personas que trabajan en las minas, la enfermedad suele aparecer al cabo de 20 o 25 años, en el caso de las marmolerías puede dar la cara después de 6 años de trabajo», relata el abogado.

Las resonancias realizadas en los pacientes revelaban que la silicosis afectaba de manera diferente a los pulmones. «Mientras que en el caso de los mineros, las radiografías mostraban nódulos en la parte superior del pulmón, en el caso de los marmolistas era necesario hacer una resonancia para constatar que había numerosas manchas más pequeñas repartidas por todo el pulmón». En el último año y medio, la Delegación Provincial de Salud tiene constancia de al menos 80 casos diagnosticados. Un número que los expertos creen que seguirá creciendo «puesto que la enfermedad puede dar la cara diez años después. Y no sólo eso, también puede evolucionar y volverse más agresiva».

El estudio en el que participó Aránzazu Pérez Alonso constató que todos los pacientes afectados por silicosis habían utilizado aglomerado de cuarzo e identificaron a 12 pequeñas industrias familiares en las que se diagnosticaron casos tanto en los trabajadores como en los empresarios. «Esta es una de las cosas más dura a la que nos enfrentamos», explica el letrado de la asociación, «que los empresarios son responsables de la situación porque no tomaron las medidas de prevención oportunas pero también son afectados. Y no sólo ellos, también sus familiares porque se tratan de empresas en las que trabajaban varios miembros de una misma familia». De las 12 empresas localizadas en el estudio, nueve se ubicaban en Chiclana «y acumulaban 41 casos», tres en Jerez, una en Medina y otra en Sanlúcar.

Repartir responsabilidades

A la hora de repartir responsabilidades sobre lo sucedido, el abogado asegura que hay para todos. «Ha habido un fallo en todos los niveles», desde el fabricante «que no informó de los riesgos de su producto», a las marmolerías «que no adoptaron las medidas necesarias» hasta el Servicio de Prevención Ajeno (SPA) que «no identificó el riesgo que podría ocasionar el uso del aglomerado de cuarzo». «Aquí la gente ha enfermado por dos motivos», insiste. El primero es el desconocimiento del producto. «A la hora de hacer el corte, las partículas de polvo de sílice que se crean son casi invisibles. Por debajo de las cinco micras el ojo no las ve y en el caso de las partículas de polvo de sílice, el tamaño es de 1,55. A esto se añade el hecho de que al ser tan minúsculas llegan a actuar como un gas, de manera que pese a que el trabajador haya estado cortando el material con la mascarilla puesta, tras terminar siguen presentes en el aire y por tanto siguen respirándolas». El otro motivo es la falta de condiciones adecuadas. «Estas empresas, entre otras medidas, deberían tener un sistema de renovación forzada de aire, que cada hora o cada dos horas, sacara todo el aire de la nave fuera e introdujera aire nuevo dentro». Por este motivo, piden responsabilidades a todos los agentes que pudieron haber hecho algo para evitar que casi un centenar de personas hayan enfermado. «O al menos que las administraciones puedan hacerse cargo de ellos pues tienen dificultades para encontrar un puesto de trabajo».