Clemente Ruiz, a la derecha, llega a la vista celebrada en el Tribunal de Cuentas. :: L. V.
Ciudadanos

El robo de la caja cumple cinco años a la espera de nuevas imputaciones

A los cajeros, Clemente Ruiz y María José Lebrero, se sumarían en la causa la mujer del primero y 11 personas vinculadas a una familia de origen marroquí

SAN FERNANDO Actualizado: Guardar
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Otro 1 de abril. Una fecha que ya está marcada en el calendario negro de la ciudad, pues un 1 de abril de hace ahora cinco años, el Ayuntamiento informaba de la denuncia de dos funcionarios por el supuesto robo de la caja municipal. De cientos de miles a millones de euros en apenas unos días. De ejemplo de gestión a caos y falta de control. De un primer año lleno de novedades y una presumible pronta resolución, a diferentes causas abiertas y cinco años a la espera del juicio.

La sensación es que el proceso está paralizado, pero es una impresión falsa ya que actualmente se están realizando diferentes diligencias que se encuentran bajo el secreto de sumario. El ritmo sí es más lento de lo esperado, pero se quieren atar todos los cabos. Una vez se resuelvan, se realizará la imputación de otras 12 nuevas personas, además de los cajeros, Clemente Ruiz y María José Lebrero, por un delito de supuesto blanqueo de capitales y lo más probable es que se pueda fijar fecha para el juicio, al menos que tras todo lo anterior se requiera la necesidad de abrir nuevas diligencias.

Nada se descarta, aunque la investigación continúa en la misma línea que en el año 2009. Los cajeros eran los que sacaban supuestamente el dinero, de forma diaria y en cantidades que ocultaban bajo la ropa y luego maquillaban sobre el papel, para luego entregárselo a una familia de origen marroquí que se encargaba de blanquearlo. De esta manera, las nuevas imputaciones (en julio se conocía que serían ocho y ahora se eleva hasta 12) serían la de la mujer del único que ha estado en prisión preventiva por los hechos, Clemente Ruiz, así como 11 personas vinculadas a este clan que mantenía una relación muy estrecha con el funcionario. Lo último que se conoció de las pesquisas que se estaban siguiendo es que gran parte del dinero podría estar en inversiones realizadas en Marruecos e incluso el destino de más de tres millones de euros estaría identificado.

Estas imputaciones ya han sido aprobadas por la juez instructora del caso y se espera que en plazo breve de tiempo se notifiquen y se produzcan las pertinentes declaraciones. Será entonces cuando se vuelva a ver actividad en los juzgados de San Fernando con respecto a este caso. La última vez fue en junio de 2010. Una comparecencia en la que se abordó la desaparición de los 78.000 euros de las multas de la grúa municipal que aparecía en el sumario y que también hizo que pasasen por la plaza de San José el interventor municipal, la tesorera y dos miembros del Cuerpo de la Policía Local.

Todo ello respecto al proceso penal, pero hubo otra causa que se abrió y que ahora está a punto de cerrarse. Se trata de la contable o administrativa y cuya instrucción ha estado a cargo del Tribunal de Cuentas. Ya ha dictado sentencia y sólo espera resolver los diferentes recursos presentados por los implicados. En este caso, sólo se ha despejado la responsabilidad pública y de acuerdo a los cargos que desempeñaban las personas encargadas de custodiar el dinero de la caja. De esta manera se ha determinado como responsables directos a los dos excajeros, es por ello, y atendiendo a lo prescrito, que deben abonar el total de los 7,6 millones de euros, más los intereses que se determinen en las costas del proceso.

El resto se considera subsidiario, y como los anteriores han mostrado su insolvencia para hacerse cargo, es muy probable que deban hacer frente a las cantidades asignadas. Salen perjudicados los exalcaldes andalucistas, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, que deberán abonar cada uno un total de 29.250 euros.

Incógnitas y fallos

La investigación ha sido complicada no sólo por el volumen del dinero y de documentos, sino también por un error apuntado desde el principio, como fue el denunciar de manera directa en vez de poner el caso en manos de la Policía. En el juicio contable celebrado en Madrid se dejó bien claro que De Bernardo (criticado por ello) estaba atado de pies y manos, ya que cuando conoció el suceso los cajeros se encontraban retenidos por el interventor y la tesorera, que ya les habían advertido de que aparecía el dinero o iban a la policía. En ese primer instante se les reclamaba 430.000 euros.

Llama la atención que se les pidiera ese dinero cuando ya eran consciente de que podía faltar 7,8 millones de euros. También que nadie pusiera remedio a los fallos de contabilidad que recogían esta cantidad como la que debiera estar en caja, que hubiera conflicto en cómo se detectó la falta del dinero o por qué se daba continuamente cheques para reponer el dinero que faltaba en caja. Interrogantes que faltan por aclarar.