Cae el emporio del excabrero y narcotraficante de Lebrija

La Guardia Civil de Cádiz ha puesto a disposición judicial a 21 personas por delitos de blanqueo de capitales, siendo los principales implicados los integrantes de una organización dedicada al tráfico de hachís. Como consecuencia de esta operación policial, han sido incautados más de 11 millones de euros entre sociedades mercantiles, bienes inmuebles, cuentas bloqueadas y vehículos intervenidos. Por su implicación en los hechos investigados se han puesto a disposición judicial a distintos familiares de los implicados que se prestaban como hombres de paja y testaferros para camuflar los bienes de la organización.

Esta operación policial se inició como consecuencia de la explotación de la 'Operación Flotador', en la que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon una organización criminal dedicada a la introducción de hachís en España desde Marruecos por vía marítima. Se detuvieron a 10 personas y se intervinieron 1.250 kilogramos de hachís. En los registros practicados tanto en domicilios como en naves industriales y fincas ganaderas de las localidades de Sanlúcar de Barrameda, Lebrija y Bornos, se incautó abundante documentación y efectos que permitieron el bloqueo de cinco empresas, así como todas las cuentas pertenecientes a los detenidos. Incluso en uno de los registros practicados, los guardias civiles, apoyados por un perro detector de dinero, incautaron 300.000 euros ocultos tras un montón de chatarra.

Tras la finalización de la primera fase de la operación, los miembros del Equipo de Blanqueo de Capitales, iniciaron la investigación por presunto delito de blanqueo de capitales cometido por los miembros de la organización desmantelada, de varios familiares de los mismos y de personas interpuestas para evitar la incautación de los bienes obtenidos por el narcotráfico.

Los investigadores determinaron que la organización de narcotraficantes desmantelada había montado todo un entramado de ingeniería financiera para blanquear los beneficios de sus ilícitos negocios, al frente de los cuales estarían numerosos familiares de los principales implicados en el tráfico de drogas, y personas de su entorno que actuarían como meros testaferros.

Las pesquisas del Equipo de Blanqueo, determinaron que las principales líneas de trabajo estarían una en Sanlúcar y otra en Lebrija. La magnitud de la trama es tal que sólo el entramado ideado en la localidad de Lebrija da idea de la complejidad de la organización, liderada por el que fuera cabrero de Lebrija, José María P. R., actualmente en prisión por tráfico de drogas, cobrando una incapacidad laboral temporal desde 2010.

Por un lado, el matrimonio formado por José María P. R. y Josefa S. J. hay que la incapacidad de Jose Mª no le impidió la introducción de al menos tres alijos de hachís incautados por la Guardia Civil en distintas fechas de 2011. Los comienzos del narcotraficante se remontan a un pasado como pastor de un pequeño rebaño de cabras, actividad que fue abandonando progresivamente hasta no poderle atribuir una actividad profesional clara.

Es significativo que durante seis meses estuvo cotizando a la Tesorería General de la Seguridad Social por dos actividades laborales distintas, mientras se encontraba cumpliendo condena en prisión como autor de un delito de tráfico de drogas. Después de su primera detención por tráfico de drogas ya en 2001, se observa un mayor incremento del patrimonio por parte de los familiares y no por parte del detenido, y cuya procedencia carece de justificación.

Pareja implicada

Como significativo es también, que después de más de 22 años de matrimonio en régimen de gananciales, la pareja decida separar sus bienes, momento que coincide con el despegue profesional de su esposa Josefa, una mujer de 61 años, cuya única actividad laboral la desarrolla en el sector del hogar, carente de formación e incluso «no sabe ni leer ni escribir», como ella misma manifiesta a la Guardia Civil. Tras el cambio de régimen matrimonial, se convierte en socia fundadora de Sociedades mercantiles, de las cuales cuenta con la titularidad de las acciones, y poseedora de acciones de otras sociedades, siendo administradora única de alguna de las sociedades que forman el complejo entramado utilizado para blanquear los grandes beneficios del narcotráfico.

La gran mayoría de los bienes inmuebles intervenidos se encuentran bajo la titularidad de dichas sociedades, las cuales presentan una falta total de actividad y se caracterizan por tener por domicilio social el mismo donde se encuentra empadronado el matrimonio investigado. Todo este entramado se complementaba con el concurso de los hijos, hermano y cuñada del principal cabecilla de la organización, utilizando además a otras personas denominadas 'hombre de paja'.