Ultimátum al Gobierno andaluz para que arregle los archivos

Son tajantes a la hora de definir la situación en la que se encuentran los archivos de los juzgados de San José. Lo califican de «estado alarmante de ruina». Así se lo transmitió el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) a la Inspección de Trabajo hace ya un mes. «El archivo lleva años apuntalado», afirma José Luis Fernández, portavoz del sindicato. «Y ya no es sólo por los puntales, es por las cucarachas con las que se encuentran los trabajadores cada vez que bajan a los sótanos, la humedad y el olor». Así se lo transmitieron a Trabajo quien, tras realizar una inspección 'in situ', le ha dado «una semana» a la Junta de Andalucía para que tome las medidas que el sindicato lleva solicitando desde 2008.

Según explica Fernández, en agosto de ese año se clausuraron los calabozos y se apuntalaron «con la intención de reformarlos de forma inmediata». Ante la «tardanza» en efectuar los trabajos, los trasladaron «quedando en estado ruinoso el archivo de los Juzgados de Instrucción número 4 y el de Primera Instancia número 1 de Cádiz». Desde entonces, el STJA ha denunciado públicamente una y otra vez el estado en el que se encuentran, el perjuicio que supone para los trabajadores y ha presentado varias solicitudes de acondicionamiento de la sede o bien el traslado del archivo a un lugar más adecuado. «No es que esté allí de forma permanente pero a lo largo del día tienen que acudir en varias ocasiones».

Desde el STAJ consideran «inadmisible» el estado de la sede y así se lo ha manifestado la Inspección de Trabajo, que, según el sindicato, «ha requerido a la Administración para que en el plazo inexcusable de una semana adopte las medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores». «Creemos que la Junta de Andalucía ha de velar porque en sus sedes judiciales no campen las cucarachas como en una ciénaga, tiene que impedir que sus trabajadores deambulen por un archivo apuntalado con material de construcción. En definitiva, que tiene que velar por la protección de la salud de los ciudadanos, en este caso trabajadores de la Administración de Justicia».

Desde la Junta de Andalucía matizan que sólo tienen en propiedad el 60% del edificio, el otro 40% está en manos de los propietarios de los puestos de la plaza de abastos, por lo que no pueden acometer las obras hasta que no se constituya la comunidad, «un trámite que esta administración persigue desde hace tiempo». Aun así la Administración andaluza reconoce la existencia de un «problema de filtraciones y humedades derivados de las actividades y el baldeo de la plaza de abastos» pero para poder solucionarlo «es necesario constituir la comunidad», insisten. Señalan que a lo largo del pasado mes de enero han mantenido diversas reuniones técnicas con personal del Ayuntamiento de Cádiz «precisamente para normalizar la situación de la comunidad del inmueble y que los comerciantes se hagan cargo de este problema».

Sin embargo, niegan que el estado en el que se encuentren los archivos de los juzgados sea ruinoso puesto que «el apuntalamiento se colocó como medida preventiva ante algunos desprendimientos de trozos del forjado que se hacen con elementos cerámicos y con escayola, con el objeto de aligerar el peso del mismo. Apuntar lo contrario supone generar una alarma innecesaria». Sobre la limpieza señalan que se realiza «periódicamente por el personal encargado para ello, y disponen ambos archivos de humidificadores que controlan el nivel de humedad de la estancia».