Un mal ejemplo de trabajadores públicos

Conviene templar ánimos antes de hablar de privilegios, mucho menos de abuso o hipocresía. Pero es cierto que el caso plantea una paradoja. Cargos políticos, altos funcionarios y trabajadores públicos de base, incluso sindicalistas, gozan de un sistema sanitario propio y paralelo, añadido al de la sanidad pública. No se trata de un seguro privado. Era una pequeña red de empresas y especialistas que prestaban servicios, que se pagaban con unos cheques o vales. Ese recurso, aprobado por un gobierno socialista en 1993, es legal y legítimo, se reproduce con matices en otras empresas e instituciones. Otra cuestión es la opinión que pueda propiciar. Son representantes o servidores públicos que evitan, además de colas y listas de espera, que les atiendan otros trabajadores públicos para recibir una atención distinta, propia, exclusiva. Ese recurso, además, le cuesta a los ciudadanos una cifra cercana a los dos millones de euros al año, lo que hace aún más cuestionable su necesidad. Los 525 cargos, funcionarios o empleados de Diputación que han recibido ese servicio deberían dar ejemplo y apostar por la sanidad pública. Si tiene carencias ese servicio de atención médica institucional, que las denuncien y combatan pero que no se conviertan en personas que pueden elegir o disfrutar de una alternativa. La inmensa mayoría de los ciudadanos que sustentan, vía impuestos, su salario no disponen de esa opción. Es así de simple y parece un acierto que el actual Gobierno de la Diputación se haya atrevido a dar el paso impopular, que puede ser confundido con un recorte pero resulta ser una especie de equiparación. Especialmente cuando un número mayor de compañeros, de la propia Diputación, no tenían esas mismas ventajas.