La Justicia obliga a Sufi-Cointer a subir el salario a trabajadores de la basura

Los conflictos laborales en las empresas concesionarias de los servicios de recogida de la basura saltan de municipio a otro como un contagioso virus. Los ayuntamientos buscan abaratar el precio que pagan a las adjudicatarias y éstas terminan cuadrando números recortando personal o reduciendo salarios. La huelga que desemboca en la acumulación de desechos en las calles, generando un problema de salud pública y dividiendo a la ciudadanía entre los que atacan a los huelguistas y los que se solidarizan con sus reivindicaciones, azota ahora la capital del país. Pero antes de que estallara la protesta en Madrid, hubo otras ciudades que se vieron en la misma tesitura. El año pasado, Cádiz y Jerez fueron noticia nacional cuando sus basureros se pusieron en pie de guerra.

En el caso de la capital, a los trabajadores les llovieron las críticas cuando decidieron movilizarse coincidiendo con uno de los momentos claves en el calendario del Bicentenario: la Gran Regata. Encima de la mesa, los empleados de la concesionaria que tiene este servicio adjudicado en Cádiz, Sufi-Cointer, reclamaban que la empresa cumpliera con el convenio colectivo en vigor que les reconocía un incremento salarial de IPC más el 2% entre abril de 2012 y marzo de este año. Esa reivindicación se convirtió en el arma arrojadiza que usaron contra los trabajadores la empresa y el Ayuntamiento, que temía un impacto negativo en la celebración del evento náutico. Subida salarial y época de crisis, despidos masivos y paro galopante conjugaban mal.

Pero la Justicia acaba de darle la razón a un grupo de trabajadores de Sufi-Cointer que decidió acudir a los tribunales para reclamar el pago de ese incremento salarial y consolidarlo en la nómina. El juzgado de lo Social nº 3 de Cádiz ha dictado sentencias favorables para esta veintena de empleados de Sufi-Cointer que optó por agotar la vía judicial y que están representados por el mismo abogado. Desde ese despacho laboralista de Cádiz confirmaron a LA VOZ que tras hacerse pública la sentencia, ésta ha motivado que más compañeros de los demandantes quieran sumarse a la acción judicial y ya han consultado la posibilidad de poder reclamar las cantidades que les corresponderían. Y es que la Justicia no sólo obliga a la concesionaria a pagar los importes correspondientes al incremento salarial mes a mes y por complementos sino los intereses devengados por no haber actualizado las nóminas como exigía el convenio.

El magistrado del juzgado de lo Social nº 3 de Cádiz concluye que «no existía causa alguna que fuera impeditiva, extintiva ni excluyente» para privar a los trabajadores de un incremento salarial pactado por convenio. Sufi-Cointer, adjudicataria de un contrato que ronda los 14 millones según datos municipales, no planteó en la vista oral ninguna causa objetiva, como una situación financiera delicada, que justificara no aplicar el convenio.

La empresa se apoyó en la aprobación de un nuevo convenio colectivo que derogaría esas subidas pactadas en el acuerdo anterior. Fuentes judiciales confirmaron a este medio que durante la vista oral, la representación de Sufi-Cointer sacó ese nuevo marco regulador que causó una gran sorpresa entre los trabajadores presentes en la sala que desconocían la existencia de la negociación de un convenio. Uno de ellos, que además es miembro del comité de empresa, se dirigió al juez asegurando que no había sido convocado a ninguna reunión y que no sabía que había un convenio renovado pese a su condición de representante de los trabajadores.

Indicios de irregularidades

La empresa aportó como documentos que probarían esa negociación un acta firmada por todos los miembros del comité, incluidos dos que negaron su participación. El juez desestima este intento de la empresa de evitar asumir la subida salarial; pero va más allá y cuestiona incluso si ese nuevo convenio sería válido porque no había sido presentado a la autoridad laboral, entre otros detalles que escaman al magistrado: «La falta de presentación (...) tan sólo cabe ser interpretada como indicio de irregularidad de un convenio en el que se hace figurar como asistentes a personas que realmente no estuvieron presentes en su discusión ni en su firma».

La mayoría del comité de empresa de Sufi-Cointer la ostenta UGT. Este periódico se puso en contacto con su presidente, Luis Vega, para contrastar si era cierto la denuncia interna que formulan trabajadores que acusan a parte de sus representantes de haber negociado a espaldas suyas y de otros compañeros del comité. Vega niega estas acusaciones y se basa en un documento, también aportado al procedimiento judicial por la empresa, que consiste en una hoja de recogida de firmas en donde los que plasmaron su rúbrica decían estar de acuerdo con quedarse con las mismas condiciones a cambio de que no hubiera ningún despido. «Esa hoja la firmaron 196 trabajadores».

También reconoce que la negociación del nuevo convenio, de una empresa que tiene más de 200 trabajadores, se resolvió «en sólo dos reuniones» y que no se celebraron asambleas para informar sobre los resultados de éstas. Fuentes del despacho laboralista que le ha ganado la partida a Sufi-Cointer en los juzgados confirma que a lo largo de los procedimientos, la empresa no comunicó en ningún momento que estaba trabajando en un nuevo marco «hasta el último momento». Con estos mimbres ya están estudiando si cabe la posibilidad de tumbar la aplicación de ese acuerdo.