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Declaran en Fiscalía las subordinadas de Pilar Tubío por la denuncia de Matadero

CÁDIZ

Declaran en Fiscalía las subordinadas de Pilar Tubío por la denuncia de Matadero

El Ministerio Público no archiva la denuncia de la Junta de Personal del Ayuntamiento que habla de presiones políticas para adjudicar viviendas a dedo

05.11.13 - 00:20 -

No ha habido carpetazo, sino todo lo contrario; ahondar en busca de pruebas, de indicios que apunten a la comisión de delitos que puedan ser denunciados ante el juzgado. La Fiscalía de Cádiz está indagando en el proceso de adjudicación de las viviendas de Matadero que se entregaron, con varios años de retraso, hace escasas semanas. El punto de partida es la denuncia formulada en septiembre por la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz que habla de presiones políticas sufridas por trabajadores del área de Servicios Sociales para que modificaran los criterios técnicos aplicados en la baremación de las familias solicitantes y alterar la lista de beneficiarios. En esa tarea de investigación, la Fiscalía tomaba ayer declaración a las tres jefas de programas que se situaban en el organigrama interno del departamento un escalón por debajo de la excoordinadora del servicio, Pilar Tubío, quien provocó con su dimisión en septiembre el inicio de esta crisis que ha acabado en la esfera judicial.

Estas declaraciones en el marco de las diligencias abiertas por el Ministerio Público se producen días después de que Pilar Tubío se presentara ante el fiscal. No ha trascendido el contenido de lo que contó a la Fiscalía, si ratificó la denuncia que presentó la Junta de Personal y posteriormente el PSOE. Lo cierto, como subrayan fuentes judiciales, es que de haber desmentido las graves acusaciones que se puso en conocimiento del Ministerio Público, éste no habría ordenado la práctica de más diligencias como nuevas testificales. El caso se habría desmontado al poco de nacer con la negativa de la protagonista principal.

Pero ha ocurrido todo lo contrario. De las respuestas ofrecidas por Tubío, el fiscal ha entendido que debe seguir solicitando más pruebas y entre ellas estaba interrogar a las tres subordinadas directas que tenía la excoordinadora de Servicios Sociales. Según los testimonios de trabajadores sociales que han ventilado sindicatos como Autonomía Obrera, las concejalas Mercedes Colombo y Carmen Sánchez habrían sido las artífices de esas presiones políticas, llamando a las trabajadoras para que modificaran esos criterios de baremación aprovechando que su responsable máximo estaba de vacaciones. En sustitución de Tubío, las tres jefas de programa asumían sus responsabilidades.

Este periódico también ha podido saber que el Ministerio Público ha solicitado la práctica de más pruebas antes de concluir unas diligencias que pueden cerrarse o transformarse en una denuncia formal elevada a los juzgados. Las fuentes consultadas aseguran que la intención del fiscal es no superar los seis meses y tomar una decisión dentro de ese plazo.

Desde la Junta de Personal esperan que se depure responsabilidades «en caso de haberlas» y recuerdan que su papel se ha limitado a poner en conocimiento las graves acusaciones que tenían de trabajadoras del Ayuntamiento: «Nuestra obligación era darle curso. No nos podíamos callar. Ahora le toca a la Justicia hablar».

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