Cuatro de los ocho últimos detenidos esta semana fueron trasladados desde Madrid a Cádiz para declarar ante la jueza instructora. :: FRANCIS JIMÉNEZ
CÁDIZ

Un plan para crear empleo que enriqueció a unos pocos

Con las heridas abiertas por el cierre de Delphi, la Junta anuncia en 2008 la captación de inversores a través de una oficina que acabaría cerrada y con 21 millones otorgados a un entramado delictivo

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

«La alteración de todo el orden de tramitación de los proyectos (...) demostraría un plan preconcebido y un empeño en beneficiar determinados proyectos al margen de cualquier criterio objetivo». Esta afirmación está extraída de uno de los primeros atestados que entregó la Unidad contra la Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla a la jueza que asumió en 2011 una compleja investigación para esclarecer el destino final de millonarias ayudas públicas concedidas a un entramado de empresas para que se instalaran en la Bahía de Cádiz -zona cero del desempleo en España-. Esta semana la Policía Nacional ha puesto punto y final a casi dos años de pesquisas policiales: 31 detenidos, 21 millones defraudados y otros 26 que fueron rescatados antes de que acabaran en productos financieros privados y paraísos fiscales. Estos son los resultados policiales del 'caso Bahía' que mancilla la gestión socialista tanto a nivel provincial como durante la última etapa de Gobierno de Rodríguez Zapatero. Miles de millones de las antiguas pesetas de dinero público que por la connivencia delictiva entre empresarios, responsables públicos y funcionarios acabaron en los bolsillos de tres familias de empresarios -ésa es la conclusión de los investigadores policiales-; o por un fallo flagrante de los mecanismos que debían imponer las administraciones para evitar esta fuga de capital público. Cuando concluya la instrucción, la jueza será la que delimite las responsabilidades y si los funcionarios y responsables detenidos e imputados del Ministerio de Industria, la Diputación de Cádiz y de la Junta fueron cómplices o negligentes.

Los socialistas gaditanos, con su secretaria provincial Irene García al frente, han venido calificando como «el mayor saqueo de las arcas públicas que se ha vivido en esta provincia» a los procedimientos judiciales y contables que han reprobado la administración de la Zona Franca de Cádiz por parte de los delegados especiales designados por el Gobierno de Aznar, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna. El Tribunal de Cuentas los ha sentenciado a pagar 4,2 millones por el quebranto ocasionado a las arcas del recinto fiscal. En el 'caso Bahía', la cifra de subvenciones presuntamente defraudadas supera esa cifra con creces.

En este final de curso, previo a las vacaciones de verano, el juicio de Rilco y el cierre de esta nueva investigación policial deja tocados a los dos principales partidos políticos, los cuales siguen enzarzados en la eterna pelea - «peleíta» la definió el anterior Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo- de nulo valor para el ciudadano, contribuyendo además a su propio descrédito. Una falta de confianza que recogen encuestas como las del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La génesis del 'caso Bahía' la sitúan los investigadores en 2008. Ese año, los empresarios implicados en la trama como el gallego Manuel Alejandro Dávila Ouviña crearon hasta medio centenar de sociedades. Un esfuerzo emprendedor que llamó la atención a los especialistas en seguir el rastro de capitales ilícitos porque, según fuentes consultadas por este periódico, es un comportamiento que se escapa de la normalidad e «indiciario» de que se estaba diseñando una estructura societaria con fines delictivos.

A finales del año anterior, con las heridas abiertas por el cierre de la factoría Delphi que se había producido meses antes, la Junta anuncia la apertura de una oficina que serviría de coordinadora entre administraciones para captar inversores que crearan empleo en la Bahía. El primer objetivo: recolocar a los trabajadores del gigante de la automoción que se habían quedado en la calle.

En enero de 2008 se oficializaba el nombramiento de la persona que se ponía al frente de este instrumento público bautizado con el nombre Plan Bahía Competitiva. Antonio Perales, hermano del histórico socialista Alfonso Perales, iba a tener la responsabilidad de manejar una inversión de 1.592,32 millones en dos periodos de actuaciones que comprenderían hasta este año 2013. Pero la oficina echó el cierre el verano de 2011 bajo la sospecha de, al menos, una deficiente gestión y sin haber cubierto su principal objetivo. Hoy, los 600 trabajadores del colectivo Delphi que siguen esperando una respuesta o las instalaciones industriales sin usar que antaño ocupara la factoría frente al Río San Pedro son la mejor evidencia del fracasado plan.

«Aquí no hay caso, ni corrupción»

El final de la citada oficina lo empuja una publicación en BOE de julio de 2011. El Ministerio de Industria recurre al boletín para reclamarle al empresario gallego la devolución de 14,5 millones concedidos a través del Plan Bahía y a cargo de los fondos del Plan Reindus del Estado -ayudas a la reindustrialización destinadas a determinadas zonas del país-. No había cumplido con los compromisos adquiridos para la obtención de esas millonarias ayudas.

La notificación en el Boletín Oficial fue también la confirmación de que el Plan Bahía no estaba funcionando. A finales de julio se ordenaba su defunción prematura mediante la fórmula de la absorción por parte de la agencia andaluza de Innovación (IDEA). Así evitaba la Junta reconocer el fracaso o hablar de cierre de la oficina. Eso sí, no pudo esquivar los titulares de la prensa que describían a un Perales destituido. El entonces delegado del Gobierno de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, despreciando las reglas de la prudencia, salió en defensa del ya exgerente de Bahía Competitiva: «Aquí no hay caso, ni corrupción ni prevaricación». Antonio Perales, por su parte, culpaba a Dávila Ouviña de haberlo engañado: «Ése ha sido mi error, confiar en él».

La Junta, a través de la agencia Idea que participaba directamente en la selección de los proyectos empresariales que debían recibir subvención, ya había denunciado ante la Fiscalía de Sevilla la existencia de un posible fraude en las ayudas que recibió Ouviña. La existencia de avales bancarios falsos que había entregado el empresario para optar a la inyección de dinero público era una de las pruebas que la Administración entregaba al fiscal de delitos económicos, Emilio Llera, ahora consejero de Justicia.

En septiembre, el Ministerio Público ponía el caso en manos judiciales. La Policía Judicial ya había dado los primeros pasos de unas pesquisas policiales que se han cerrado esta semana, casi dos años después. Una de las primeras peticiones que realizaron a la jueza instructora fue el pinchazo de los teléfonos de algunos de los sospechosos. El contenido de las conversaciones más relevantes, que se recogen en el voluminoso atestado, iban confirmando algunas sospechas.

«Me lo mandó la Junta»

«Antonio Perales no sabía nada, pobrecito mío (...)¿Ah? De la investigación..., no tenía ni idea... por eso el delegado de Agricultura le acompañaba a Galicia, un mes antes de salir los resultados ... iban los dos a Galicia... Pobre Antoñito que lo han engañado». Esas afirmaciones fueron expresadas por Ana María Fuentes, quien ejerció de intermediaria entre los empresarios y las administraciones. De sus conversaciones grabadas se extrae, como así sospecha la Policía, que hubo un especial interés en beneficiar a empresarios como Dávila Ouviña. «Tuve buena fe con cierta gente porque venían de donde venían, porque a mi me lo mandó la Junta», le decía a una persona por teléfono en septiembre de 2011.

En noviembre, esta mujer junto a otras 13 personas eran detenidas en la primera fase del 'caso Bahía'. La mayoría quedó en libertad con cargos y a la espera de citación judicial como el caso de esta intermediaria o el propio Antonio Perales. Un destino diferente tuvieron los integrantes de la rama gallega, como la nombraron los agentes de la Udyco de Sevilla. Una redada en la localidad natal Ouviña, en La Coruña, acababa con éste en prisión. La Audiencia Provincial de Cádiz aceptaría el recurso de su abogado a la decisión de la jueza instructora que se oponía a su puesta en libertad, y en marzo del año pasado, tras abonar 100.000 euros, salía de prisión. La razón que esgrimió el tribunal es que la instrucción estaba casi concluida. Sin embargo, el tiempo les quitaría la razón ya que dicha fase judicial sigue aún vigente y para mediados de este mes -a partir del 16 de julio- la jueza inicia una nueva ronda de declaraciones de los imputados.

Durante la investigación, los agentes prestaron atención a las informaciones acerca de un correo electrónico, que en las conversaciones grabadas se eleva a categoría «de prueba» para alguno de los imputados, en el que se recogerían instrucciones para beneficiar a unas empresas por encima de otras. Dicho 'email' fue remitido desde la Agencia Idea a los técnicos de Diputación, adscritos al IEDT (Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico) para que se modificaran las baremaciones y se favoreciera a unos determinados proyectos, elevando las puntuaciones y los créditos concedidos. Dicha comunicación se produjo en febrero de 2011, cuando se decidía a quién se destinaba una nueva edición del Plan Reindus para la Bahía de Cádiz. Técnicos de Diputacion advirtieron que el empresario gallego y las propuestas de otros de los empresarios, los hermanos Retolaza Gaviña, estaban concentrando más del 30% de la inversión pública. Un reparto que podría ser altamente arriesgado. Sin embargo, se siguió apostando por estos proyectos. Sólo la orden de reembolso que dictó Industria a través del BOE paralizó una tercera adjudicación de ayudas. La Policía cifra en 26 millones, a sumar a los 21, las cantidades que pudieron haber acabado también en paraísos fiscales.

La Policía Nacional rompía su silencio esta semana para ofrecer el balance de la investigación policial, que acabó rebuscando en una maraña de empresas afincadas en paraísos fiscales como Luxemburgo. El resto del entramado delictivo, encabezado presuntamente por la tercera familia de empresarios señalada, los Arespacochaga, se habría encargado de la ingeniería financiera: hacer circular el dinero de la esperanza de miles de gaditanos parados hasta sus bolsillos.