CÁDIZ

El PP acusa al PSOE de querer hundir los astilleros españoles

El comisario europeo , el socialista Almunia, es partidario de que el sector devuelva los beneficios fiscales obtenidos durante ocho años

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, y la alcaldesa de la capital, Teófila Martínez, mostraron ayer su perplejidad ante la actitud del PSOE y del comisario europeo Joaquín Almunia, que pretende aplicar «un rejón de muerte al sector naval español» con la aplicación de la 'tax lease' o lo que es lo mismo, la devolución a las arcas europeas de unos beneficios fiscales que se obtuvieron entre 2002 y 2010 en la construcción y venta de barcos que nos hicieron muy competitivos. El montante, según las primeras estimaciones, puede ascender a 2.800 millones de euros, lo que significaría un rejón de muerte para los astilleros privados y un fuerte revés para los públicos.

No hay que olvidar que Europa flexibilizó en 2004 esta devolución a Navantia impidiendo superar el 20% de la construcción civil en sus diques. Es decir, la compañía no reembolsa el dinero pero, a cambio, su participación en la construcción civil está muy limitada. El veto civil a los astilleros públicos durará hasta 2015, aunque si ahora Navantia devuelve el dinero, se levantaría el veto.

Sanz explicó que «de llevarse a efecto lo que Almunia pretende, estaría hablando de la desaparición de miles de puestos de trabajo y la imposibilidad de mantener los astilleros en España». Por tanto, ha mostrado la «preocupación y perplejidad» del PP porque «quien encabeza las manifestaciones y quien se dedica a criticar al Gobierno de la Nación sea el partido cuyo representante en la Comisión Europea pretenda dar un rejón de muerte al sector naval». El 'tax lease' es una transacción entre una casa armadora y un astillero. Entre enero de 2002 y julio de 2010 el 'tax lease' se utilizó en 273 operaciones-transacciones para la construcción de buques. Los astilleros españoles participaron en 272. Consiste en una estructura jurídica y financiera organizada por un banco e interpuesta entre la empresa naviera y el astillero, respectivamente, compradora y vendedor. Las partes utilizan una complejísima red de firmas y se aprovechan de varias medidas fiscales a la vez. Europa exige ahora que se devuelvan esos beneficios.

La alcaldesa, Teófila Martínez, invita a Almunia a abandonar su cargo de comisario europeo «si no sabe defender los intereses de España». En su opinión, Almunia y el PSOE acaban de sentenciar a la industria naval y regalar a los astilleros de Holanda, Alemania y Noruega la carga de trabajo de España. El próximo 17 de julio se votará la media en Bruselas.