Momento del desalojo de los extrabajadores de Delphi del Parlamento. :: L. V.
CÁDIZ

El PP pregunta por el dinero de los cursos para formar a los exdelphi

La parlamentaria Ana Mestre sostiene que parte de los 64 millones se fueron a una trama empresarial, dirigida por un exconsejero del PSOE

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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El caso Delphi sigue vivo seis años después del cierre de la factoría. El contingente de extrabajadores que aún sigue sin recolocar dio un golpe de efecto el pasado jueves en el Parlamento Andaluz al reprochar al Gobierno de Griñán su actitud a la hora de buscar una salida al conflicto. El consejero de Empleo, Antonio Ávila, respondió a una interpelación del PP sobre el futuro de la plantilla y se reafirmó en que el caso estaba zanjado, lo que levantó las iras de los extrabajadores que se encontraban en el Parlamento en calidad de invitados. Al final fueron desalojados. Ahora estudian demandar a la Junta por incumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de julio de 2007.

Desde las filas del PP se sigue tirando del hilo para demostrar lo que ha sido un fiasco de gestión en manos de la Junta. La parlamentaria andaluza y portavoz del PP de Cádiz, Ana Mestre, aseguró ayer que «gran parte» de los 64 millones de euros que la Junta invirtió en la formación de los antiguos trabajadores de Delphi han ido a parar a «un entramado de empresas» que tiene como «denominador común a un exdirigente socialista», en referencia a Ángel Ojeda, que fue consejero de la Junta cuando la presidía José Rodríguez de la Borbolla. Mestre puso en duda si el fin de la Junta era formar y recolocar a los ex de Delphi o «el enriquecimiento» del antiguo dirigente socialista. La popular recordó que se creó el Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS) de Delphi, cuya gestión se adjudicó a la Fundación Altedia Creade «sin procedimiento de concurrencia». Según Mestre, el PP considera que la Junta «ha dilapidado millones de euros», que en ese proceso «falta luz y taquígrafo» y que no se ha beneficiado a los extrabajadores de Delphi, como demuestra el que haya «600 pendientes de recolocar» seis años después del cierre de la multinacional de automoción.

Por ello, entiende que son «víctimas de intereses políticos y de la irresponsabilidad de un Gobierno que, incluso con el acuerdo por firmar, ya sabían que serían incapaces de cumplirlo».

Por su parte, el consejero de Empleo, Antonio Ávila, ha considerado que «no se puede hablar» de que el Gobierno autonómico «haya desatendido» a los extrabajadores de Delphi, sino «más bien al contrario». Así lo indicó ayer en Jaén a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que los sindicatos interpongan medidas legales contra la Junta por el «agravio comparativo» cometido con aquellos afectados que quedan pendientes de recolocar en los términos estipulados en el protocolo elaborado tras la marcha de la multinacional de automoción en 2007. Ávila trasladó el jueves en el pleno del Parlamento «información sobre este tema» y puso de relieve el «esfuerzo» que el Ejecutivo regional «realizó para intentar que unas personas fuesen objeto de una atención específica».