La compañía cuelga el cartel de «se vende» en la planta gaditana

La multinacional inglesa Imperial Tobacco ha colgado el cartel de «se vende» en las instalaciones gaditanas. La planta de tabacos de Altadis ocupa 153.000 metros cuadrados, de los que 22.000 son propiedad de Zona Franca y los tiene en régimen de alquiler. La empresa quiere deshacerse de los terrenos antes del 31 de diciembre de este año, fecha en la que prevé cerrar definitivamente las instalaciones. La multinacional sabe que no es el mejor momento para vender el suelo pero, también reconoce, que la ubicación de los mismos los hacen especialmente atractivos. El presidente del comité de empresa de la planta, José Luis Marín, (UGT), se encontraba ayer en Madrid negociando las condiciones del cierre y destacó a LA VOZ que la situación de los terrenos es óptima, «mucho mejor que el que ofrecen las factorías de Palazuelos y Alicante, ya cerradas».

La antigua Tabacalera Española se mudó de la calle Plocia a la Zona Franca en 1988. La empresa invirtió en este complejo unos 20.000 millones de pesetas. Posteriormente llegó la privatización con la irrupción de Altadis.

El plan urbano de Cádiz tiene calificados esos terrenos como equipamiento y uso industrial. Los propios trabajadores destacan que en 2009, tras la aplicación del ERE, se rumoreó la posibilidad de ubicar en ellos el nuevo hospital de Cádiz o algunas facultades de la UCA. Desde luego, el uso de estos terrenos es una incógnita ahora.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Francisco González, expresó ayer su preocupación por el cierre de la factoría y lo consideró «un nuevo cerrojazo» a consecuencia de la política «de privatizaciones del PP» y de la reforma laboral. Los socialistas gaditanos han aprobado una resolución de respaldo y solidaridad con los trabajadores de Altadis, «con las casi 80 familias que se van a ver afectadas»; al tiempo que ha pedido al PP y a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que «utilice toda su influencia para evitar este cierre que, junto a la ya delicada situación de astilleros, asesta un duro golpe al sector industrial».

El portavoz socialista ha aprovechado para pedir a ambos dirigentes su implicación para tratar de colaborar en la resolución de este nuevo conflicto laboral. A su juicio, el cierre de Altadis «se suma al ocaso de otras empresas en la zona» y hacen, a juicio del dirigente socialista, «urgente» que todas las administraciones, «no sólo la Junta», concreten medidas «especiales» para «relanzar» la actividad industrial en la Bahía y recuperar creación de empleo. González ha anunciado que mantendrán reuniones con los representantes sindicales para mostrarles su «apoyo y disponibilidad» y tratar de elevar el conflicto laboral a todas las instituciones públicas, empezando por el pleno del ayuntamiento de Cádiz y la Diputación provincial.

Por último, el coordinador local de UPyD en Cádiz, Manuel Pérez Fabra, quiso transmitir ayer un mensaje de solidaridad con los casi 300 trabajadores (entre empleados directos industria auxiliar) afectados por el cierre de Altadis. Además, denunció la inoperancia, falta de reflejos y de prevención por parte de una serie de agentes implicados en el posible mantenimiento de la empresa en la ciudad. Recordó que hace cinco años se produjo un salvaje despido de más de 200 trabajadores que era el preludio claro de lo que iba a suceder. La reacción ahora de Teófila Martínez, según Pérez Fabra, es lamentar el cierre y manifestar que los terrenos ocupados por la planta en la ciudad están calificados como suelo industrial en el vigente Plan General de Ordenación Urbana.