La Junta deniega la baja a una funcionaria con embarazo de riesgo

a Delegación de Justicia de Cádiz rechazó el pasado 6 de mayo la baja médica concedida por 15 días a la funcionaria M.D.G.V. por razones de cumplimiento de un protocolo establecido por la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades. Según el Sindicato de Trabajadores de la Adminsitración de Justicia (STAJ) de Cádiz, «la Administración actúa de manera negligente castigando a dicha funcionaria, cuyos antecedentes son los siguientes; se encuentra en el octavo mes de gestación siendo el mismo de alto riesgo, por la edad, por hipotiroidismo, trombofilia y los antecedentes de dos abortos».

Durante los tres primeros meses de embarazo, la funcionaria afectada estuvo de baja por riesgo de aborto. La inspección médica, después de pasados unos meses, le dio de alta, concluyendo que era inminente su incorporación al trabajo. Acto que fue recurrido y que fue desestimado por la propia Delegación de Justicia de Cádiz. Dicha funcionaria se reincorporó a su puesto de trabajo en marzo y actualmente, a fecha 16 de mayo de 2013, se encuentra en un estado avanzado de gestación y como demuestra el informe del ginecólogo, con gran fatiga física y mental en su puesto de trabajo, lumbalgia, anemia e insomnio.

El día 6 de mayo acudió al médico nuevamente y le aconsejó reposo relativo y baja laboral. Aquí es donde el sindicato encuentra la paradoja, ya que dicha persona, al haber estado disfrutando de una licencia previa, el protocolo exige que el funcionario no puede estar de baja por el mismo motivo y que el informe emitido por la inspección es vinculante para la Delegación de Justicia de Cádiz, a pesar de que dicha inspección médica no ha explorado ni visto físicamente a la trabajadora en su estado actual, sino que su informe se basa únicamente en un escrito aportado por la ginecóloga especialista donde concluye que sería conveniente la baja laboral.

El sindicato considera «inadmisible» la denegación de la baja, que encierra motivos puramente económicos, así como un «abuso por parte de la Delegación de Justicia con incumplimiento flagrante de las normas más elementales».