Pacheco, condenado por «lucrar a sus amigos» con dinero público

«Pedro Pacheco ha sido uno de los alcaldes que ha estado más tiempo en España desde la transición democrática ocupando la presidencia del Ayuntamiento de Jerez (.). Los acusados López y Cobacho también han estado con anterioridad ocupando cargos como personal eventual de confianza». De esta manera explica el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz cómo los tres procesados en el 'caso asesores' sabían de sobra que los contratos de asesoría que Pacheco autorizó entre 2005 y 2007 para enchufar a sus amigos en dos sociedades municipales de Jerez eran a todas luces ilegales. Una «forma arbitraria de obtener sueldos o beneficios económicos del erario público», describe una sentencia que pone a un pie de la cárcel al exalcalde jerezano y actual concejal de la Corporación local por el partido Foro Ciudadano. Pacheco ha sido sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por los delitos de malversación y prevaricación. Además, la Audiencia le impone una inhabilitación para cargo público de ocho años. Si el Supremo confirma este dictamen judicial (ayer ya se anunciaron recursos en contra de este primer fallo judicial), el histórico dirigente andalucista acabará en prisión y sin más remedio que renunciar a su acta de concejal, la cual ayer se negaba a entregar, apelando a una defensa numantina de inocencia.

Con penas superiores a los dos años también salen de este procedimiento judicial los dos amigos de Pacheco y antiguos compañeros del PSA, José López Benítez y Manuel Cobacho Márquez. El primero recibe un reproche penal de dos años y medio de prisión y más de cuatro años de inhabilitación por los mismos delitos de prevaricación continuada en concurso con uno segundo de malversación; mientras que el segundo es sentenciado a 27 meses de cárcel y tres de inhabilitación. Al igual que el exlíder del PA, López Benítez es concejal por Foro Ciudadano (una formación creada ex profeso para que Pacheco pudiera concurrir a los últimos comicios municipales), pero tampoco renunció ayer a su posición como cargo público, apelando a que el fallo judicial no es firme.

Devolver los sueldos

Además de las penas de cárcel, la Justicia obliga a los procesados a devolver el dinero, de procedencia pública, que obtuvieron de forma ilícita mediante contratos de asesoría que como insiste una y otra vez el tribunal no cumplieron los requisitos legales de contratación ni tampoco estuvieron avalados por trabajo alguno. En el caso de López Benítez deberá reingresar a las arcas públicas y de manera solidaria junto a Pacheco (responsable de haberlo enchufado en dos empresas municipales) 106.987,43 euros que percibió en apenas dos años de vinculación laboral con las empresas Speed Festival y Emusujesa (la sociedad municipal del suelo). Cantidad similar (99.846 euros) deberá reintegrar Manuel Cobacho, conjuntamente con Pacheco. Son los emolumentos que ganó como asesor político de Pacheco en Emusujesa en dos años de trabajo del que no consta ni un informe justificativo. Fuentes judiciales confirmaron a LA VOZ que en el caso de que el Supremo ratifique este extremo, si los procesados no abonan ese dinero, se iniciaran procesos de embargos.

Más que un funcionario

La Justicia recuerda que estos 'sueldos' «sobrepasan mensualmente las nóminas de un funcionario público de alto nivel con máxima responsabilidad», ahondando en el impacto que supuso para las arcas públicas del Ayuntamiento jerezano, que llegó a la crisis con uno de los niveles de endeudamiento más altos del país y en situación de quiebra económica.

El caso de los asesores fue impulsado por la Fiscalía Anticorrupción cuando en noviembre de 2008 formuló denuncia contra los ahora condenados. La información le llegó al Ministerio Público a través de la exalcaldesa del PSOE, Pilar Sánchez, quien denunciaba a su antiguo socio de Gobierno con quien rompió un pacto que fue la antesala de una guerra que ayer cerró otro capítulo. Sánchez declaró en el juicio celebrado el pasado mes de abril en contra de Pacheco, confirmando que al detectar su equipo que había una serie de facturas que se pagaban a López Benítez sin conocerse la contraprestación, ordenó una investigación interna sobre las labores que desempeñaban los asesores de su antiguo socio en la Alcaldía. Al conocerse la denuncia que llevó la socialista a la Fiscalía, Pedro Pacheco le devolvió la jugada, acusándola de lo mismo en los tribunales. Así ha conseguido que en los próximos meses, Pilar Sánchez pase de testigo a sentarse en el banquillo por la supuesta contratación irregular de asesores.

El tribunal apoya su decisión en varios elementos, entre ellos la declaración de la exregidora, quien explicó cómo en enero de 2005, la Corporación municipal acordó en pleno el reparto de personal eventual por formaciones. En ese acuerdo, al PSA le correspondían dos personas. Tras agotar ese cupo, Pacheco decidió colocar a sus amigos en dos sociedades municipales en calidad de asesores políticos saltándose al pleno municipal y los consejos de administración de ambas sociedades, que ni siquiera fueron informados de las nuevas altas laborales.

En el caso de López Benítez, el tribunal relata cómo el exregidor andalucista ordenó cambiarlo de empresa cuando la alcaldesa se negó a seguir pagando facturas de asesoría a su nombre: «Poniendo de manifiesto un desprecio total a las órdenes de la alcaldesa, que era su superior jerárquico, así como un empeño personal y unilateral, por encima de cualquier consideración, de conseguir su propósito». En la sentencia se llega a definir a Pacheco como una persona que ha perseguido «beneficiar al precio que sea a los amigos y compañeros de partido».