CÁDIZ

La mala experiencia con el ladrillo en el caso PSV

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UGT era condenado por la Audiencia Nacional en el año 2001 como responsable subsidiario en el 'caso PSV', el fiasco en que terminó el intento de la central sindical en 1993 de promover 23.000 viviendas sociales. Los cooperativistas, desde 1988, habían aportado más de 324 millones de euros. Pero la mala gestión condujo a PSV a declarar la suspensión de pagos en diciembre de 1993.

El Tribunal Supremo, en el año 2003, eximió a UGT del pago de la indemnización de 78,13 millones de euros por su responsabilidad civil subsidiaria en el asunto. Pero confirmaba la condena de dos años y cuatro meses al director de la cooperativa de viviendas PSV, Carlos Sotos.

La mayor parte de los clientes perjudicados por la suspensión de pagos de la cooperativa de viviendas llegaron a acuerdos con PSV y renunciaron a posteriores indemnizaciones.

El Supremo sostuvo que «la causa única del perjuicio fue el comportamiento ilícito» de Sotos que desvió el dinero de los cooperativistas para cubrir las necesidades del grupo, «violando el compromiso asumido». Y que éste había contado con el «beneplácito» de la organización sindical. De ahí que fuera condenado como responsable subsidiario.