Industria exigirá de nuevo avales para dar ayudas del 'plan Reindus'

Se veía venir. El Ministerio de Industria seguirá ofreciendo ayudas a la reindustrialización de la Bahía pero lo hará con condiciones y, sobre todo, garantizando el buen uso del dinero público. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el nuevo marco legal en el que se desarrollará este plan, que se inició en Cádiz en 2007 tras el cierre de Delphi. El Ministerio, por tanto, mantiene su compromiso con el sector industrial, al que considera estratégico, pero endurece los requisitos para acceder a las subvenciones y préstamos. Una de las primeras medidas que ha adoptado ha sido la recuperación del aval bancario para optar a este tipo de fondos. El importe del aval será del 10% o 25% del préstamo solicitado.

Los empresarios gaditanos mostraron su queja entre 2008 y 2009, ya que el trámite del aval, además de ser costoso, suponía un retraso importante en la asignación de la ayuda. El Ministerio, entonces en manos del PSOE, fue sensible con la solicitud empresarial y eliminó de un plumazo la presentación del aval con el objetivo de acelerar la concesión de la ayuda. Sin embargo, el fraude de 21 millones de euros perpetrado en 2011 en la provincia de Cádiz por el empresario gallego Dávila Ouviña activó todas las alertas y puso bajo sospecha el sistema de concesión de estas ayudas en Cádiz.

Así, la estafa de Ouviña estuvo muy presente en el programa de ayudas del pasado 2012. El Ministerio de Industria, ya en manos del PP, endureció los requisitos para acceder a este paquete de ayudas con el fin de evitar nuevos fraudes como el cometido por Ouviña en la provincia con tres falsos proyectos empresariales y 21 millones de euros en préstamos que no han sido devueltos. Este fraude ocurrió durante la gestión del Gobierno socialista y se ha podido comprobar ahora que había serias lagunas en la canalización de las ayudas.

Desde 2009 no se requerían avales a las empresas que se beneficiaban de estos préstamos públicos. Con ello se aceleraba la concesión y se reducía, al mismo tiempo, la burocracia. Sin embargo, el fallo estaba en el sistema de evaluación que concedía «alegremente» el dinero sin reparar en la situación financiera o en la trayectoria de las empresas que lo solicitaban. Estas aportaciones se concedían previo informe de la Diputación de Cádiz, entonces en manos del PSOE.

Los gestores visitan la provincia

En este punto también ha entrado de lleno ahora el Ministerio. La nueva regulación de las ayudas acaba con la mediación de otras administraciones en este asunto. Es decir, será la Dirección General de Industria y Pymes la encargada en exclusiva de baremar las solicitudes. El nuevo director general de Industria, Manuel Valle, se refirió en su momento a las lagunas que ofrecía el sistema tanto de baremación como de asignación de ayudas del 'plan Reindus'. Reconoció sin tapujos que la medida de no exigir avales a los adjudicatarios hubiera necesitado de otras medidas complementarias para garantizar el pago de los créditos.

Manuel Valle visitará mañana la provincia, acompañado por la consejera delegada de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), Begoña Cristeto, para anunciar los nuevos criterios que regularán las ayudas del 'plan Reindus'.

El PP ha hecho causa común para depurar responsabilidades políticas por el fraude cometido por Ouviña. De momento, el que fuera gerente del Plan Bahía, el socialista Antonio Perales, se encuentra imputado, mientras que la exdiputada de Empleo en esa etapa en la Diputación de Cádiz, la socialista María José Valencia, ha tenido que declarar ante la Policía por su gestión. El presidente provincial del PP, Antonio Sanz, develó el pasado febrero la imputación también de cinco altos cargos del Ministerio de Industria durante el Gobierno de Zapatero. Además, cuatro técnicos de la Diputación han sido citados a declarar por el caso Ouviña, entre ellos el gerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT).

El director general de Industria, Manuel Valle, visitó la provincia el pasado octubre para anunciar las ayudas del 'plan Reindus' correspondientes a 2012. En la convocatoria del año pasado ya se pusieron en marcha algunos mecanismos, pero es ahora, en 2013, cuando entrarán en vigor las modificaciones más duras e importantes. De esta forma, el Ministerio será muy exigente con las aportaciones de capital, las cuentas de la empresa y, la inversión prevista. Es decir, la ayuda no saldrá de las arcas públicas hasta que la empresa no haya justificado y comprometido, al menos, el 15% de la inversión prevista.

Un total de 231 empresas de Cádiz solicitaron en 2012 acogerse a este programa especial de incentivos, pero sólo 56 de la Bahía y 13 del Campo de Gibraltar, en total 69 proyectos, superaron la prueba para recibir este fondo. El Ministerio ha repartido en la provincia durante la última convocatoria del plan 64,7 millones de euros, que son reembolsables. Se trata de la partida más pequeña de los últimos cinco años. El volumen de inversión previsto superaba los 84 millones de euros y la estimación de empleo que barajaban era de 76 puestos de trabajo directos, que se podían convertir en 500 inducidos.

La decisión de Industria de endurecer las condiciones levantó algunas críticas del arco empresarial que consideraban que con la hazaña de Ouviña pagaban justos por pecadores.