La Fiscalía abre diligencias para analizar el estado de Valcárcel

El antiguo hospicio viñero, esa joya de la historia local que mira al Balneario de la Palma y que está sumida en un proceso de deterioro evidente por la falta de uso, será analizado con la mirada jurídica de la Fiscalía de Cádiz. La fiscal delegada de Medio Ambiente y Patrimonio, Patricia Navarro, ha incoado diligencias informativas a partir de la denuncia que recibió el Ministerio Público a finales del mes pasado. Los promotores de esta iniciativa son 20 colectivos sociales que buscan con este movimiento que la Justicia entre de lleno y depure responsabilidades penales ante el abandono de un inmueble que tiene reconocido su valor patrimonial desde el pasado siglo cuando fue declarado BIC (Bien de Interés Cultural). Una protección que obliga al dueño y en último extremo a la Junta de Andalucía a su correcta conservación.

Sin embargo, desde 2001, un edificio que ocupa una extensa superficie en una ciudad con escasez de suelo disponible, se encuentra cerrado. Tan sólo regresó la actividad durante el tiempo que fue ocupado por un grupo de vecinos desde junio de 2011 hasta enero de 2012, cuando el titular del juzgado de Instrucción nº 1 de Cádiz ordenó a la Policía que desalojara el inmueble tras admitir la denuncia del propietario, la promotora Zaragoza Urbana.

Este procedimiento sigue su curso en el citado juzgado por un delito de usurpación de bienes inmuebles en el que están imputados varios activistas del movimiento Valcárcel Recuperado. Con la denuncia formulada por los colectivos sociales, el que fuera también centro educativo vuelve a ser materia de análisis judicial.

Información

Las diligencias incoadas por la fiscal delegada de Patrimonio son informativas. Esto le permite, según confirmó Navarro, no depender del plazo máximo de seis meses que disponen los fiscales cuando inician una investigación penal. Transcurrido ese periodo, el Ministerio Público tiene que tomar una decisión: o archivar el expediente porque no observa conductas delictivas, plantear denuncia ante los juzgados o derivar el escrito recibido hacia otras instancias si considera que no está dentro de sus competencias.

En las diligencias iniciadas a raíz de la denuncia firmada por colectivos como Ecologistas en Acción, CGT, Pro Derechos Humanos o Juventudes Comunistas, entre otros, no existe el encorsetamiento de un plazo concreto y en caso de que la Fiscalía entendiera que existen indicios de delitos, podría formular denuncia en cualquier momento, señalaron fuentes del Ministerio Público.

Si bien ése sería el final de un trámite que acaba de iniciarse y que está en una fase embrionaria. La fiscal delegada va a solicitar documentación e información complementaria como primer paso. Los denunciantes señalan en su denuncia la comisión de delitos contra el patrimonio histórico y señalan directamente al actual presidente de la Diputación, José Loaiza (PP), a sus dos antecesores en el cargo, los socialistas Francisco González Cabaña y Rafael Román, más la propietaria del edificio, Zaragoza Urbana, como posibles responsables y solicitan que sean interrogados en calidad de imputados. La promotora, aunque ya anunció incluso antes de que se produjera la ocupación en 2011, que abandonaba el proyecto hotelero y quería revertir la propiedad de la parcela para que volviera a manos de la institución provincial, esta transmisión aún no se ha producido.

Los colectivos aportan como prueba un informe firmado por la Consejería de Cultura, donde se reconocen daños severos en el inmueble que requieren de una actuación urgente. La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía reconoce a la Administración regional, competente en esta materia, la capacidad para ordenar a los propietarios de bienes inmuebles catalogados como BIC a ejecutar de forma forzosa las obras necesarias para garantizar la conservación de éstos. La norma incluso recoge la posibilidad de que la Consejería imponga multas coercitivas si no se atiende a sus requerimientos. En esta larga década de abandono no se ha producido ningún movimiento desde Cultura en este sentido. Sólo tras la ocupación del inmueble y con los populares gobernando en la Diputación, se reconocen daños graves en el edificio.