Acto del Congreso del Carnaval, una de las actividades organizada por Autores.
CÁDIZ

La Asociación de Autores practicaría una «verdadera ingeniería contable»

La denuncia en la que un juzgado ha basado el auto de imputación habla de todo tipo de irregularidades económicas en la entidad

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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Durante nueve meses ha sido un intercambio de opiniones, desacuerdos, enemistades, amagos de acuerdo, acusaciones y chismes. Desde que se presentara la denuncia, en agosto de 2012, denunciante y denunciados se han acusado mutuamente de mentir o exagerar, de querer manipular en beneficio propio el Carnaval, el Ayuntamiento, las cuentas o la esporádica repercusión de un caso, por aclarar, en los medios de comunicación. Ahora, hay un documento oficial, negro sobre blanco que decían los clásicos. Eso no implica la celebración de juicio ni le da la razón a ninguna de las partes, ni señala a nadie como culpable. Aún se trata de una denuncia pero su contenido ya es público y pesa lo suficiente como para terminar en nueva citación a los denunciados, ya como imputados: el presidente y el tesorero de la Asociación de Autores del Carnaval.

El auto del Juzgado de Instrucción número uno de Cádiz que ordena volver a declarar a estos dos dirigentes el 24 de abril incluye los argumentos principales de la denuncia de Ezequiel Arauz Salmerón, miembro del colectivo y origen del caso, que ha dado lugar a los siguientes pasos del proceso. El resumen que hace el documento judicial (con fecha de 19 de marzo de 2013) retrata la Asociación de Autores como un caos contable, económico y financiero. Incluye acusaciones muy graves que, en ningún caso, están probadas y no pasan de la mera denuncia.

Entre otros supuestos llamativos, el auto incluye como «irregularidades» manifestadas en su «declaración judicial» por «el denunciante» que la entidad «no lleva ningún tipo de contabilidad» a pesar de que «lleva a cabo una actividad mercantil organizando festivales por los que ingresa determinadas cantidades de dinero» y que «igualmente, la asociación cobra del Ayuntamiento de Cádiz una determinada cantidad en concepto de derechos de imagen». Como remate, añade ese párrafo que «cuando llegan las juntas generales resulta que los resultados contables que presentan para aprobación no coinciden con lo reflejado en la documentación». Como ejemplo de esta supuesta casuística se cita que en una junta se «manifiesta a la asamblea que hay beneficio por más de 100.000 euros cuando esa es la cantidad que figura en los extractos del banco».

El documento legal resume un reguero de presuntas irregularidades, por demostrar, con la afirmación de que «la documentación que se ha aportado también está en sí manipulada, porque hay asientos que son de verdadera ingeniería contable».

Así, se relata que existirían prácticas como «camuflar como gasto telefónico los gastos de servicio de limpieza de alguien que no estaba contratado» o que «se llevan diferentes contabilidades, una supuesta contabilidad general, otra por la organización del Congreso Gaditano del Carnaval y otra por la explotación económica de la organización de festivales. De la documentación contable que ha sido aportada es imposible determinar cuánto se paga de impuestos, ya sea por IVA, Impuesto de Sociedades o IRPF». La denuncia, en su extensión de detalles, llega a asegurar que hay «partidas pendientes de aplicación por 5.787 euros sin que haya más explicaciones» o que existen «anotaciones manuscritas» en la contabilidad, presuntamente obra del presidente Miguel Villanueva.