Un plan de ajuste para Navantia

La dirección de Navantia quiere evitar a toda costa la quiebra de la compañía. Su presidente, José Manuel Revuelta, en colaboración con el responsable de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, trabaja en la viabilidad de la constructora naval. Sin embargo, las cuentas no salen a pesar de haber tomado las primeras medidas para reducir los gastos. Navantia no tiene carga de trabajo y, lo que es más grave aún, tampoco hay expectativas a corto plazo para firmar un contrato que aporte oxígeno económico. La compañía ha sobrevivido los últimos ocho años de los acuerdos firmados entre 2004 y 2007 a raíz de la reconversión de Izar. La carga de trabajo se ha terminado para Galicia y la Bahía, mientras que la empresa se ahoga en pérdidas. Hoy, los seis astilleros públicos del país unen sus fuerzas para salir a la calle a demandar empleo y salvar con ello sus puestos de trabajo. A la misma hora, el Consejo de Administración mantendrá una reunión en la que se prevé que sus gestores pongan sobre la mesa el balance contable de 2012, que puede arrojar unas pérdidas de 110 millones de euros antes de impuestos. La situación será insostenible el año que viene si la dirección de la compañía no toma ahora medidas. De seguir en esta línea puede ir a la quiebra por el lastre que suponen en su cuenta de resultados las pérdidas acumuladas, aún por determinar. Navantia, nos guste o no, se enfrenta a una nueva reconversión. Los recortes en defensa tanto en España como en el resto del mundo y la competencia de los astilleros asiáticos han puesto en jaque a esta empresa pública. El Gobierno debe decidir ahora qué hacemos: seguir con la construcción o, por el contrario, dejar a Navantia como empresa de mantenimiento y reparaciones. La decisión es complicada, pero todo apunta hacia una reducción de plantilla para sobrevivir unos años más.