Protestas de los vecinos de La Almadraba en el verano de 2005.
SAN FERNANDO

El conflicto urbanístico de La Almadraba sigue sin cerrarse a pesar de los años

Certificada la legalidad de sus viviendas ahora queda el desarrollo de la zona que tendrá que volver a revisarse tras el informe desfavorable de la Junta

SAN FERNANDO. Actualizado: Guardar
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En el año 2005 los vecinos de La Almadraba salían a la calle para salvar sus viviendas. Más de un centenar se encontraban afectadas por la zona de servidumbre de protección de Costas, una administración que tan sólo contemplaba el derribo como solución a este problema. Hace tres años (exactamente el 20 de febrero de 2010) la lucha terminaba con victoria, ya que el Boletín Oficial del Estado (BOE) hacía público el deslinde de este espacio. El peligro de tirar casas desapareció.

Pero el camino continuó, porque ahora hacía falta resolver los múltiples problemas que presentaba el lugar y hacer una regularización urbanística con el objetivo de que se convirtiera en una barriada más con pleno derecho en la ciudad. Es decir acometer su desarrollo, algo que se ha convertido en un nuevo obstáculo complicado de sortear. Prueba de ello es que tres años después apenas se han dado avances significativos y cuando parecía que los iba a ver, se han caído de forma repentina.

El informe desfavorable de la Junta al Plan Especial elaborado por el Ayuntamiento hace que el documento tenga que volver a ser revisado al contener errores «graves» que deben ser subsanados. Unos trámites que han traído de nuevo la confrontación política y que pone sobre la mesa dudas y acusaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista.

La Junta alega que este documento va en contra de los parámetros del propio Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) aprobado recientemente. Además expone que, según los criterios que recoge, los vecinos tendrían que pagar los costes de urbanización y de obtención de los Espacios Libres, algo que la Junta considera «inadmisible» puesto que no se ajusta a la legalidad vigente.

En esto no está de acuerdo el alcalde de la ciudad, José Loaiza. Ayer volvió a afirmar que el proceso de regularización de las viviendas no va a costar un solo euro a los vecinos, siempre y cuando dejen las casas como están, ya que si quieren hacer uso del aumento de edificabilidad que se impone en la zona, por ejemplo hacer una planta más en sus casas, tendrán qué pagar los costes de ese aprovechamiento «como cualquier otro isleños de cualquier otra zona de la ciudad». Además mostró su convencimiento de que la «alarma social» que se ha creado entre los vecinos proviene de una estrategia del actual delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil y de la portavoz local, Patricia Cavada que actúan de «mala fe y de manera malintencionada ya que entre los técnicos municipales y de la Administración regional se trabaja desde la lealtad para atender a las recomendaciones que se han realizado». De hecho, el regidor aseguró que el PSOE estaba haciendo un «flaco favor» a la ciudad y un daño a los vecinos «con malas artes» ya que asegura que en el informe no se recogen los aspectos denunciados por la Junta.

Para Patricia Cavada el problema reside simple y llanamente en que desde el PP «no se sabe ni copiar el PGOU que han aprobado, puesto que en este documento han hecho justo lo contrario que recoge el Plan General para la zona». Por otro lado dejó claro que los vecinos pagarán los costes de urbanización. «El Ayuntamiento pretende un sistema de colaboración que significa que si hay cambios en el alumbrado, en el acerado, la construcción del parque o un jardín serán ellos, en la medida de cada caso, los que tengan que afrontar parte de esos gastos». Por último puso en duda si «el Ayuntamiento es muy torpe y cuenta con el peor delegado de Urbanismo de la historia o si lo hacen de manera intencionada para que los vecinos tengan que pagar».