Griñán aguarda a la ley de Transparencia de Rajoy para aprobar la suya

El Gobierno andaluz tiene ya casi ultimado el borrador de ley de Transparencia, el proyecto legislativo más ambicioso por el momento de los anunciados por el presidente, José Antonio Griñán, junto con la futura norma contra el fraude fiscal. Griñán ya avanzó esta semana varios de sus contenidos, entre ellos la prohibición de los cargos públicos en el ámbito autonómico de cobrar sobresueldos. Sin embargo, Griñán aguardará a la aprobación definitiva de la ley de Transparencia del Gobierno de Rajoy para que salga a la luz su proyecto de ley, según han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía a este periódico.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que el Ejecutivo del Partido Popular aprobó en marzo del pasado año, se encuentra en trámite parlamentario. Esta semana han comenzado a comparecer los expertos invitados por el Congreso para que aporten opiniones y propuestas a los diputados.

Esta norma, lo mismo que la andaluza, aspira a mejorar la mala imagen de los políticos, lastrada por los sucesivos casos de corrupción y que ha merecido convertirse en el tercer problema para los españoles según los últimos barómetros de opinión pública. Los escándalos del caso Bárcenas y el de los ERE han precipitado el interés de los respectivos gobiernos en aprobar una norma que obligue a los políticos a dejar sus cuentas claras ante los ciudadanos.

El Gobierno andaluz ha decidido esperar a que el Congreso dé el visto bueno a la norma estatal sobre todo para no colisionar con su contenido al ser ley orgánica. «No queremos que se vea recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno», manifestaron fuentes de la administración andaluza.

Varios litigios

Gobierno y Junta acarrean ya varios litigios en el alto tribunal por colisión de competencias en tan solo un año de cohabitación. Madrid tiene recurridas la reforma de la Ley Electoral andaluza, la subasta de fármacos y la convocatoria de oposiciones en secundaria. Andalucía ha litigado contra los decretos de Rajoy de medidas de ajuste en sanidad y educación, así como la liberación de horarios comerciales. También recurrirá la Ley de Tasas Judiciales, aunque no por invasión de competencias, sino por creer que va contra el derecho de igualdad y tutela efectiva.

Griñán ha incluido la ley de Transparencia en las conversaciones para el pacto por Andalucía, por lo que de entrada tampoco quiere disgustar al PP con un proyecto que choque con el de Madrid. La norma andaluza, no obstante, marcará diferencias, según fuentes de la Junta. El presidente ya avanzó el pasado lunes algunas. Dijo que los cargos públicos y electos de la autonomía deberán declarar no solo sus ingresos (ya lo hacen obligados por ley), sino que tendrán que justificar su patrimonio con ellos.

Planteó como novedoso y extensible al ámbito nacional la prohibición de que los cargos electos cobren sobresueldos, aunque sean declarados a Hacienda. La iniciativa parte del caso Bárcenas y de las informaciones que atribuyen a cargos del PP el cobro de sobresueldos sin declarar. Griñán, no obstante, se refirió a los pagos del PP a sus cargos calificados como gastos de representación que sí declaran, en referencia a Javier Arenas y Dolores de Cospedal. Griñán propone que un diputado o un senador no perciba otra remuneración, pública o privada, cuando ya está cobrando del dinero público.

Otras iniciativas

Sin embargo esta propuesta de Griñán no es del todo nueva. El Parlamento andaluz ha sancionado en los últimos años varias iniciativas legales dirigidas a endurecer el régimen de incompatibilidades de sus diputados y de los cargos públicos. Ya en 2005 se incluyó en la Ley Electoral que se hicieran públicos en internet la declaración de bienes y actividades de sus señorías.

La última reforma de esta ley se vio en noviembre de 2011 y en ella quedó aprobado por el Parlamento que los diputados no pueden percibir otra asignación, pública o privada. También se extremaba su incompatibilidad en materia de contratación con las Administraciones. PP, PSOE e IU estaban de acuerdo en tales medidas, pero el PP discrepó de la inclusión más polémica, la incompatibilidad de los cargos de alcalde y diputado, por lo que votó en contra. El Gobierno de Rajoy recurrió al Constitucional la norma por considerar que invadía competencias estatales y desde la primavera de 2012 se encuentra paralizada por el alto tribunal a la espera de su resolución.