La Fiscalía rechazó investigar si doce empresarios son testaferros de Mas y Pujol

La Fiscalía rechazó hace un mes y medio la petición de la Policía para investigar si doce empresarios catalanes son testaferros de las presuntas cuentas opacas de Artur Mas, Jordi Pujol y de la propia Convergencia. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) fue a la reunión en Barcelona con la Fiscalía Anticorrupción con cuatro de los cinco documentos de trabajo (no oficiales) sobre el 'caso Palau' denominados «análisis de situación». En esos textos, los funcionarios señalan con nombre y apellidos a la docena de personas que consideran sospechosas de servir de instrumento para que ciertos dirigentes de CiU tengan cuentas sin declarar en el extranjero.

Los argumentos de los «análisis de situación», en poder de COLPISA, fueron rechazados por inconsistentes por los fiscales anticorrupción Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo. Ambos se reunieron el pasado 29 de octubre en la capital catalana con el anterior jefe de la UDEF y actual director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), José Luis Olivera Serrano, y con Marcelino Martín-Blas Aranda, jefe de la Unidad de Asuntos Internos.

Los mandos policiales, con esos documentos no judicializados en mano, reclamaron a los fiscales que pidieran al juez del 'caso Palau', Josep Maria Pijuan, titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, que emitiera comisiones rogatorias para comprobar la titularidad de esas cuentas. Sin embargo, Sánchez Ulled y Bermejo rechazaron impulsar la investigación porque no veían que tuviera la madurez suficiente. Según una carta filtrada el pasado 23 de noviembre por el sindidato policial SUP, «los fiscales contestaron que no estaba el juez por la labor de seguir y que había que motivar muy mucho esas peticiones, que en época de precampaña lo veían poco factible... en suma, que dedicaran sus esfuerzos a otra cosa».

De acuerdo a esa comunicación difundida por el sindicato y ratificada por diferentes fuentes, «en la reunión se habló de otros anónimos y de informaciones de confidentes y, sorprendentemente, (los fiscales) dijeron que, si no se identificaba a las fuentes, no tendrían validez, ni siquiera para verificar si era verdad lo que decían».

En ese encuentro, sobre todo se habló del denominado «análisis de situación III». En ese informe de trabajo aparecen los doce nombres completos de conocidos industriales y empresarios catalanes de los que la UDEF sospecha que tienen cuentas en Suiza, en casi todos los casos en el banco HSBC de Ginebra, y alguna en Liechtenstein. Esas cuentas, siempre según esos documentos de trabajo, se estarían usando supuestamente por las familias Pujol, Mas y de miembros del partido, que a veces se hacían pasar por «empresarios marmolistas».

Al menos dos de los nombres que aparecen en los documentos de trabajo de la UDEF coinciden con las identidades de empresarios facilitadas por Javier de la Rosa en las denuncias presentadas el 29 de noviembre y 5 de diciembre ante la Policía por amenazas y extorsiones. En esas denuncias, que han sido remitidas a la Audiencia Nacional, el exnúmero 1 de KIO en España aseguró que él mismo había intermediado en 1991 para que Jordi Pujol abriera una cuenta en Suiza y que el expresidente de la Generalitat le había amenazado en persona hace unos días durante una reunión en una cafetería de Barcelona.

«Talibanes»

Los documentos de trabajo de la Policía -cuyo contenido no creen suficiente los fiscales como para ordenar una investigación judicial- revelan que cuatro de estos empresarios, conocidos como los «talibanes», son los que centralizan los movimientos de capitales en el extranjero. El borrador apunta incluso el nombre del empresario que «actuaría como fiduciario de la economía personal de Artur Mar» y que tendría una cuenta en Suiza con dos millones de euros. La Policía asegura que el informático italofrancés Daniel Falciani, preso en España por «violación del secreto bancario» en el país helvético, «está dispuesto a facilitar (el número) de dicha cuenta» siempre a cambio de no ser extraditado a Suiza.