La exregidora y responsables de la Junta, en la zona donde se hizo la obra.:: L.V
CÁDIZ

Imputada la exalcaldesa de Arcos y su Gobierno por prevaricación

Se enfrentan a presuntos delitos de malversación por dar licencias de ocupación a viviendas que estaban en zonas «de especial protección»

ARCOS. Actualizado: Guardar
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Nuevas imputaciones de presuntos delitos con responsabilidad penal para políticos de la provincia. La lupa de la investigación judicial se ha puesto ahora encima de la gestión llevada a cabo por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Arcos. El Gobierno, casi en pleno, que encabezaba la exregidora Josefa Caro es el que ahora se enfrenta a la acusación de la comisión de presuntos delitos de prevaricación, malversación y delito contra la ordenación del territorio.

Además de Caro, el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad, también imputa al exdelegado de Urbanismo, Joaquín Macías, y a otros concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno Local, como Benito Huertas, Fernando Mancheño, Genoveva Medina, Rafael Barrios y Francisca Morales. Todos ellos han sido citados para dar explicaciones ante el juez instructor y todos lo harán en calidad de imputados, al menos hasta que se determine «la naturaleza y las circunstancias de los hechos», así como «la participación de cada una de estas personas», destaca el auto del juez.

Desde la Delegación Municipal de Urbanismo confirman que la querella contra los concejales del PSOE se ha presentado por parte del propio Ayuntamiento para «esclarecer la responsabilidad penal que pudiera haber». De hecho, el propio delegado, Manuel Erdozain (AiPro), destaca que estas actuaciones se inician como consecuencia de la concesión de licencias de primera ocupación a viviendas que se encontraban en «una zona de especial protección».

Erdozain destaca que el Gobierno local decidió «compensar» a las personas que tenían una parcela ilegal junto al Instituto Guadalpeña del Barrio Bajo «ofreciéndole la licencia y los servicios esenciales, a través de un convenio que firmaron, a cambio de un retranqueo en lo que habían ocupado para hacerle hueco a un nuevo vial que finalmente se construyó». La liebre, destacan desde dicha área, saltó «cuando un vecino vino a pedir licencia de obras en una zona que sabíamos que era ilegal y, sin embargo, aportó documentación de la licencia».

Normalmente, este tipo de documentos se dan directamente en Urbanismo, pero en este caso fue la Junta de Gobierno Local quien la otorgó. Cabe resaltar que el responsable de Urbanismo de entonces no formaba parte de dicha Junta de Gobierno donde se aprobó, aunque también se le ha imputado. Además, el portavoz de AiPro también destacó que «el actual portavoz del PSOE, Isidoro Gambín, estaba en esa Junta de Gobierno como vocal pero sin voto».

Josefa Caro, que será la primera en declarar el 13 de febrero de 2013 a las 11.30 horas, ya no ocupa el cargo de secretaria local de los socialistas pero sí que es la responsable de la Secretaría de Organización de la nueva Ejecutiva provincial. En la misma, Joaquín Macías es uno de los cinco miembros que conforman la Comisión de Ética. Este último declarará el día 14, a las 12.00 horas, y tras él, en días posteriores, se les tomará declaración al resto de imputados.