El Ayuntamiento mete en su demanda a De Bernardo y a Antonio Moreno

Ya está en manos del Tribunal de Cuentas. El Ayuntamiento presentó ayer la demanda ante el órgano administrativo por el alcance de 7,8 millones de euros que se produjo en la caja municipal. Un documento elaborado por los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial, que ejerciendo «total libertad» como apuntó el alcalde, José Loaiza, y a la vista del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, de los informes y documentación existentes en este Ayuntamiento así como en el informe penal en relación al quebranto producido en la Caja municipal, entienden que los dos cajeros municipales imputados son los supuestos responsables.

Esto quiere decir que tanto a Clemente García como a María José Lebrero, dada su supuesta responsabilidad directa y completa, se les obliga a responder de la cantidad sustraída de las arcas municipales, ya sea de manera individual o mancomunada. Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas estableció que la cantidad tenía que ser de 9,4 millones de euros (tras sumarse los intereses), tal y como así lo recoge su propuesta de liquidación tras lo sucedido en la caja municipal.

«Este Ayuntamiento ha presentado una demanda contra ambos cajeros ya que a la vista de todo lo actuado deben ser considerados responsables directos del citado quebranto y se estima, por tanto, que deben reintegrar a su origen la cantidad sustraída», explicó José Loaiza.

En el supuesto caso de que ambas personas sobre las que se dirige la demanda del Ayuntamiento no pudieran hacer frente a la exigencia de devolver el dinero, la Ley impone la figura del responsable subsidiario con el único objetivo de que una actuación ilícita no quede impune y se restituya el daño realizado. Esto sólo se llevaría a cabo en el caso de que quienes son considerados autores materiales de los hechos no devolviesen el dinero sustraído, ni tuvieran bienes para hacerlo, como es el caso.

La responsabilidad indirecta recaería sobre aquellos técnicos que, «aún sin tener ninguna responsabilidad penal en la desaparición del dinero», si pudieran incurrir en responsabilidad patrimonial a la vista de la existencia de «fallos de los mecanismos de control de la Caja» tal y como determinan los informes de la investigación.

Cantidades a reclamar

Esta misma responsabilidad es atribuible a quienes en el momento en el que supuestamente se produce el delito estuviesen desempeñando el cargo de «ordenador de pagos», es decir a los ex alcaldes andalucistas, tanto Antonio Moreno como Manuel María de Bernardo. «Por tanto este Ayuntamiento, en base al dictamen de los Servicios Jurídicos, debe también solicitar la responsabilidad indirecta en ese hecho a la tesorera municipal, al actual interventor del Ayuntamiento y a su antecesor en el puesto; así como a quienes ocuparon la Alcaldía de San Fernando en el periodo de tiempo en el que se sitúan los hechos», añadió Loaiza.

La petición de responsabilidad en este caso es proporcionada tanto al tiempo como a la función administrativa encomendada a cada uno de ellos. De esta manera a Rafael Monzón (anterior interventor) le corresponden restituir unos 61.000 euros, a José Antonio López (actual interventor) unos 105.847 euros, a María Virtudes Gómez (actual tesorera) 39.392 y tanto a Antonio Moreno como a Manuel María d Bernardo (ejercieron como alcaldes) unos 39.000 euros cada uno.

«Es una responsabilidad subsidiaria y sólo se activaría en el caso en que los imputados como autores materiales no pudieran hacer frente a lo exigido que, en este caso, es el reembolso de la totalidad de la cantidad sustraída». Lo que hay que aclarar es que el Ayuntamiento solicita que se devuelva todo el dinero, pero a los responsables directos, a los indirectos se les reclama como responsables subsidiarios atenuados, puesto que fueron los que interpusieron la primera denuncia y los que dieron la voz de alarma. De esta manera, los baremos económicos son establecidos por el Gabinete Jurídico de acuerdo a la responsabilidad y funciones de los cargos, así como los años en los que estuvieron desempeñando tales funciones.

«Con esta actuación damos un paso más en la resolución del robo en la caja municipal confiando en que la instrucción penal acabe pronto, cuanto antes. Lo que hoy hace este Ayuntamiento no prejuzga ni en un sentido ni en otro la culpabilidad, cuestión que deberá determinar el Juez. Por ello hemos actuado con cautela, sin dar pasos en falsos y acorde a los dictámenes de la Ley», aclaró Loaiza.

Una decisión complicada pues hay que recordar que Manuel María de Bernardo forma parte del actual Gobierno y es uno de los hombres fuertes del partido que actualmente sustenta al PP en el Ayuntamiento. «Esta determinación se hace objetivamente, siguiendo las pautas marcadas por los Servicios Jurídicos a los que este Ayuntamiento encargó el asunto y que han actuado con plena libertad atendiendo a circunstancias objetivas como son el tiempo, las funciones administrativas desempeñadas y los complementos salariales por dedicación al puesto encomendado».

Todo ello cuando existe un proceso judicial abierto que sigue sin dar novedades sobre uno de los mayores robos en una caja municipal. Una investigación que señala al cajero como presunto autor material de los hechos, motivo por el que fue ingresado en prisión provisional, hasta lograr la libertad con fianza.

Hasta el momento Clemente Ruiz ha defendido su inocencia en todo lo ocurrido en la caja, al igual que María José Lebrero, sin embargo, tanto judicial como administrativa son los señalados de la supuesta desaparición de dinero de forma continuada durante años de la caja municipal. Habrá qué esperar a que finalicen los procesos para que se solucione el caso de una vez por todas.