Desde que estalló la crisis económica en 2007, la provincia gaditana ha sido testigo del resurgir del contrabando de tabaco; una actividad ilícita que había desaparecido porque los viejos contrabandistas o bien se jubilaron o reorientaron su negocio al tráfico de hachís que les generaba un margen de beneficio mayor. Ahora, una investigación «laboriosa» -como la definía ayer un portavoz de la Guardia Civil- ha revelado que el contrabando no solo va en aumento sino que se está profesionalizando y está copiando las estructuras organizativas de otras actividades ilegales como el narcotráfico. Por vez primera, el Instituto Armado pone encima de la mesa del juez una banda perfectamente jerarquizada que ha obtenido pingües beneficios gracias a la venta de tabaco en la Sierra, donde se habían hecho con el control de este negocio.
Un total de quince personas han sido detenidas en el marco de la 'operación Yankee' en la que han invertido varios meses los agentes del grupo de investigación de Villamartín. Además de los arrestos, se han intervenido 32.000 cajetillas de tabaco, 55.000 euros, 10 vehículos, 15 teléfonos móviles y abundante documentación que demostraría el volumen de negocio que llegó a alcanzar la organización desarticulada; algo esencial para descubrir un entramado que va más allá de los pases diarios con cartones que realizan decenas de personas en la frontera con Gibraltar para ganarse un dinero extra.
El tabaco que traía la banda desde la colonia británica era guardado en cuatro domicilios de Villamartín y el Coto de Bornos. Desde estas viviendas se vendía tabaco directamente a consumidores y vendedores minoristas. Como prueba, los agentes realizaron numerosos seguimientos a clientes y comprobaron que en esos puntos había un constante trasiego de compradores que salían de las casas con cajetillas en sus manos.
Gracias a esas evidencias, el juzgado nº 2 de Arcos autorizó el registro de las cuatro viviendas; un permiso judicial rara vez otorgado cuando lo que se persigue el contrabando de tabaco.
Pero la principal fuente de ingresos, según las pesquisas de la Benemérita, estaba en los bares y quioscos. Allí acababa gran parte de la mercancía. A través de una estrecha vigilancia al cabecilla y sus dos lugartenientes comprobaron cómo regularmente visitaban una serie de establecimientos que posteriormente eran inspeccionados y donde siempre hallaban tabaco de contrabando.
La ostentación económica que hacía el líder de la organización, conocido como Antonio El Polichero, recuerda a la de otros delincuentes de redes criminales, pero con una importante diferencia, este vecino de la Sierra no se juega una pena severa de cárcel como los narcos de la cocaína, solo va acumulando infracciones administrativas que le suponen una multa y como mucho la intervención del vehículo utilizado en el transporte.
Para que esa actividad sea considerada delito, como establece el Código Penal, el valor de la mercancía que se les aprehende debe ser igual o superior a 150.000 euros. En ese caso, la norma establece penas que van desde los 12 meses a los cinco años de cárcel. Conocedores de la ley, estos contrabandistas realizaban transportes medianos y recurrían a coches de alquiler. Sin embargo, los agentes han podido requisar diez vehículos, que son propiedad de un concesionario de Villamartín, porque el seguro y todos los gastos que generaba cada contrato estaba a nombre del jefe y sus lugartenientes.
Tras pasar a disposición judicial, los quince implicados han quedado en libertad con cargos.
