El edificio del Olivillo podría pasar a manos del Ayuntamiento de Cádiz si la Junta de Andalucía, su actual propietaria, no actúa sobre el mismo. La alcaldesa Teófila Martínez no está dispuesta a dejar pasar los días mientras el inmueble sigue en proceso de deterioro por el desuso que sufre desde hace años. Ayer, Martínez dio el primer paso para acabar con esta situación y, a través de la Junta de Gobierno Local, aprobó declarar el incumplimiento del deber de conservación por parte de la Administración autonómica. Esta declaración supone el paso previo al inicio del expediente de expropiación, una vez que los técnicos estudien la calificación jurídica del edificio.
Teófila Martínez aseguró que esta decisión se ha tomado «porque nos hemos cansado de requerir durante años las obras a la propiedad». De hecho, hace unos meses, el Consistorio requirió a la Universidad de Cádiz la realización de las obras de conservación, pero ésta rechazó cualquier responsabilidad sobre el mismo al estimar que el dueño del inmueble era el Gobierno regional. Durante estos años, el edificio se ha mantenido cerrado a cal y canto y ha sido el lugar en el que se han hospedado numerosos indigentes de la ciudad, a pesar de que la seguridad del inmueble estaba en entredicho. La propia Universidad elaboró un informe técnico en el que se advertía de la mala situación de las estructuras, aunque tampoco se llevaron a cabo las obras pertinentes.
«La Junta lleva años diciendo que si están buscando un uso, que si se lo cedieron a la Universidad... así que se acabó la broma», apostilló la regidora. Además, la alcaldesa advirtió que el Ayuntamiento seguirá el mismo procedimiento con el edificio de la Escuela Náutica de La Caleta si el Gobierno autonómico sigue sin llevar a cabo las actuaciones requeridas por Urbanismo.
