Navantia tiene más cerca la firma de un nuevo contrato con Venezuela, sin embargo, son los gobiernos de ambos países los que deben dar el último paso. El presidente venezolano Hugo Chávez reconoció la pasada semana su disposición a seguir con el negocio naval, pero reclamó al Ejecutivo de Rajoy un pacto político para que no se repitan descalificaciones ni enfrentamientos como el vivido en Argentina con la nacionalización Repsol-YPF, donde la compañía española ha optado por denunciar al gobierno argentino.
El comité de empresa de Navantia en San Fernando anunció ayer que la compañía ha dado cuenta de un «acuerdo técnico» con la Armada de Venezuela que, de cerrarse, podría suponer la construcción de un buque oceanográfico, la modernización de otro y también podría incluir la construcción de un dique flotante. LA VOZ se hizo eco de este acuerdo y de sus consecuencias en la edición del pasado sábado tras el regreso a España de una misión comercial de ejecutivos de Navantia en Venezuela. Las mismas fuentes señalan que la posibilidad de que pueda cerrarse o no el acuerdo depende de que haya un pacto político en las próximas fechas.
Según el presidente del comité de empresa del astillero isleño, José Antonio Oliva, Navantia está «en conversaciones directas» con Venezuela en este sentido. De hecho, comenta que el presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, tiene previsto acudir el 3 de agosto a ese país para asistir al acto de puesta de quilla de uno de los patrulleros para la Armada bolivariana que comenzó a construirse en San Fernando y culminado allí, en el astillero de Dianca.
Explicó que el acuerdo técnico está alcanzado, lo que «facilita» que pueda producirse un acuerdo económico, quedando «pendiente de un acuerdo político», que creen «factible en el momento en el que el Gobierno exprese su apoyo oficial» al proyecto.
Oliva, quien ejerce habitualmente como portavoz de los tres astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz, subraya que, aunque este contrato no suponga un «gran volumen de carga de trabajo para muchos años, sí que daría un respiro y una tranquilidad», máxime por estar «muy repartido».
Por otra parte, el Ayuntamiento de Cádiz celebró ayer un pleno extraordinario, convocado por PSOE e IU, para pedir una solución definitiva para la situación de Navantia. La alcaldesa Teófila Martínez explicó que el Gobierno del PP no pudo incluir en los presupuestos la inversión para la contratación de la segunda fase de los Buques de Acción Marítima al encontrarse la empresa en situación de quiebra. No obstante, aseguró que el Gobierno está trabajando en una solución sin hacer cambios en los Presupuestos Generales del Estado del año 2012. «Nosotros estamos trabajando para la Bahía y espero que pronto tengamos noticias que lo demuestren», afirmó. Además, criticó la convocatoria del pleno por parte de los partidos políticos de la oposición y agregó: «Este pleno es un paripé».
