El Tribunal Supremo anuló ayer las ayudas al transporte a familiares de presos de ETA aprobadas por el Ayuntamiento de Durango (Vizcaya) en 2009.
En la sentencia, el Supremo concluyó que este consistorio incumplió la Ley General de Subvenciones, que le obliga a concretar previamente en un plan estratégico de subvenciones los costes previsibles, el plazo necesario para su consecución y fuentes de financiación supeditados al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. El alto tribunal subrayó que el plan es un requisito «esencial y previo a la regulación de la subvención».
