Vivimos en tiempos de hipersensibilidad social. La constante publicación de abusos por parte de empresas, e incluso instituciones públicas o sus dirigentes crean en los ciudadanos una sensación de corrupción universal que, además de ser falsa, provoca reacciones tan desmedidas como desafortunadas. El caso del presunto desahucio en el barrio gaditano de Guillén Moreno, ayer, lo demuestra. Partidos y plataformas corrieron a tratar de impedir que sacaran de su casa a una joven y su hija, a las que presuntamente iban a dejar sin hogar sin motivo. A falta de información o razones, todos tendemos a pensar que la usura es el único motivo para este tipo de medidas. Pero resulto que fueron y no hubo nada. Primero porque la propia víctima de la situación admite que está en una vivienda que no le pertenece ni le corresponde. Es más, fue ella la que alertó de la situación al preguntar a qué medidas se arriesgaba por estar en casa de un familiar sin permiso ni derechos legales.
En segundo lugar, el Ayuntamiento de Cádiz paralizó el desahucio para dar tres meses de margen y que solvente su situación por pura compasión, ya que se trata de ayudarla a buscar un hogar para su hija y para ella, a sabiendas de que no le corresponde el que ocupa. Es un caso de ayuda social, de poner en marcha mecanismos de auxilio pero en ningún caso de forzar la permanencia en una vivienda a la que, confiesa, no tiene el menor derecho y que otras personas en situaciones igualmente complicadas, con la ley en la mano, sí deberían tener acceso. De hecho, llevan meses esperando una civilizada y ficticia cola.
El concejal de Vivienda, Pablo Román, merece felicitación por haber interpretado el caso que otros querían convertir en causa. Había que ayudar a las ocupantes pero a nadie se le va a quitar nada que sea suyo. Esta vez, no es el caso. Cada uno es un mundo.
