El cielo amaneció ayer gris para Laura Cortés, una joven que vive con su pequeña, pese a brillar el sol en el cielo. Se cumplía la fecha de la segunda orden de desahucio que dejaba a ella y a su hija de cuatro años «en la calle», tal y como ella afirmaba. No obstante, la mañana le regaló una tregua antes de la tormenta.
El Ayuntamiento aplazó tres meses la acción de desalojo del domicilio de VPO que ocupa en el número 1 de la calle Marinero en Tierra, bajo la premisa de que en ese tiempo la joven «pueda encontrar un trabajo o medios para mantenerse», según afirmó ayer en rueda de prensa Pablo Román, concejal de Vivienda y presidente de Procasa, empresa municipal que se encarga de la adjudicación de estas viviendas sociales. El edil aseguró que el hecho de que la ocupante viva en la casa con una hija menor de edad le ha inducido a «no ser tan rígido» en la aplicación de la legalidad y buscar «un remedio antes de la aplicación traumática del desahucio».
No obstante, el responsable de la acción ha dejado claro que se trata de una vivienda pública municipal «a la que tienen derecho muchos demandantes de vivienda de Cádiz que pueden estar en igual situación que ella, o incluso peor».
Laura Cortés vive desde hace un año y medio en este piso, propiedad de la empresa municipal. Una casa adjudicada a su hermana que «falleció en la cárcel», afirma la afectada. Fue entonces cuando su cuñado decidió abandonar el piso de Guillén Moreno donde residía quebrando la ley «para trasladarse a Sevilla a causa de su enfermedad», explica la joven. Una ocupación ilegal que Laura Cortés trató de solventar por el bien de su hija.
Situación límite
Según la joven, hace cinco meses acudió al Ayuntamiento para informar de que había decidido mudarse a esta propiedad, ya que en el domicilio de sus padres el panorama es desolador. «No puedo volver a mi casa porque mi hermano es esquizofrénico y se le va la cabeza. Muchas noches he tenido que irme con mi niña de madrugada a la calle porque se ponía muy nervioso. Así no se puede vivir», confiesa la protagonista de esta historia.
Un drama al que añadir la falta de recursos económicos de la familia. «Estoy en paro y no tengo ingresos para costearme el alquiler de una casa para mí y para mi hija», confiesa la protagonista. A su vez, Cortés reconoce que «el estado de la casa no es el mejor para criar a una niña. Está en la ruina, pero es un techo». Además, esta madre soltera asegura que durante su estancia en el domicilio de Guillén Moreno ha cumplido con las facturas. «Nunca he dejado de pagar los gastos de la vivienda, solo desde que notifiqué mi situación al Ayuntamiento», señala la joven.
Un caso de ilegalidad a la que el concejal de Vivienda pretende buscar «una solución social», ya que el problema de es «el cumplimiento de la legalidad» de un contrato para el uso de esa vivienda que «ya ha cumplido» y del que, además, es titular otra persona distinta a la joven.
La cuenta atrás para esta madre encuentre un trabajo y pueda darle una vida digna a su pequeña ha comenzado. Lo único que pide es una ayuda «para salir adelante y que mi hija tenga una oportunidad en la vida», concluyó la joven.
